El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló por segunda vez la sentencia del Tribunal de Impugnación en la causa por la muerte del joven Gabriel Mandagaray. La Corte concluyó que el tribunal no cumplió con la obligación de realizar una revisión integral que le había sido ordenada en una instancia anterior. En consecuencia, dispuso que un nuevo Tribunal de Impugnación, con integrantes diferentes, deberá analizar el caso y estableció pautas precisas para ese análisis.

El máximo tribunal aclaró que su decisión no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino que busca garantizar el derecho a un recurso y al debido proceso. En su fallo, el STJ expresó que, a pesar de las indicaciones previas, el Tribunal de Impugnación incurrió en un análisis "superficial" y contradictorio, desatendiendo su obligación de agotar la revisión de lo revisable.

Entre los aspectos que el tribunal no abordó correctamente, el STJ destacó la vulneración del principio de congruencia, que exige coherencia entre la acusación, la defensa y la sentencia, impidiendo modificaciones sorpresivas. Tampoco se analizaron de manera adecuada los delitos de abuso de autoridad y homicidio culposo, confundiendo argumentos y utilizando descripciones genéricas sin precisar los actos concretos de cada acusado.

Respecto al homicidio culposo, el STJ recordó la doctrina de la autoría paralela, que requiere determinar el aporte individual de cada interviniente en el resultado, sin que exista un plan común. El fallo señala que el Tribunal de Impugnación se limitó a afirmar que todos los acusados actuaron con imprudencia, sin especificar la conducta concreta de cada uno.

Para el nuevo análisis, el STJ estableció una hoja de ruta clara. El nuevo tribunal deberá examinar primero los cuestionamientos sobre el principio de congruencia, confrontando la acusación con la sentencia. Luego, en el abuso de autoridad, deberá identificar actos concretos de inobservancia de la ley, evitando vaguedades. Finalmente, en el homicidio culposo, tendrá que determinar los aportes individuales de cada acusado en el resultado de la muerte.

La sentencia subraya que la revisión integral es una garantía constitucional derivada del mandato de motivar las decisiones judiciales, esencial para la administración de justicia.