Legisladores del bloque PJ-NE denunciaron este miércoles que el gobierno de Javier Milei consumó un “traspaso vacío” de la administración de las rutas nacionales que atraviesan el Alto Valle, al transferir a la provincia los costos de mantenimiento y obra sin entregar los fondos correspondientes. Según advirtieron, la medida allana el camino a una “impracticable privatización” mediante peajes, donde “los rionegrinos pagarían dos veces por la misma obra”.

“La provincia que no puede garantizar un paracetamol en un hospital ni mantener en buen estado las rutas provinciales, menos podrá terminar obras estratégicas para el país como la 22 y la 151”, sostuvieron los legisladores en un documento difundido tras la firma del decreto presidencial.

La bancada peronista puso el foco en la responsabilidad de los representantes libertarios por Río Negro. Cuestionaron en particular al diputado Enzo Fullone –quien “estuvo dos años en Vialidad, nadie sabe haciendo qué”–, a Lorena Villaverde y a Aníbal Tortoriello, que “sigue buscando argumentos para defender a Karina, Adorni y los Menem”. “Ellos deben explicar a dónde va el dinero del impuesto al combustible”, exigieron.

Decálogo de objeciones

En paralelo, el bloque PJ-NE elaboró un decálogo con los puntos más críticos del decreto 253:

1. El negocio del impuesto al combustible: El Estado Nacional recaudó miles de millones con ese tributo, cuya razón histórica es el financiamiento vial. Ese dinero no fue a las rutas 22 y 151, sino a cubrir otros compromisos fiscales, incluso pagos al FMI. “El decreto confirma que la Nación no piensa devolver ese dinero en asfalto”, señalaron.
2. Activo para Nación, pasivo para la provincia: El artículo 5° establece que la titularidad y jurisdicción federal sobre las rutas siguen en manos del Estado Nacional, pero el artículo 2° obliga a la provincia a mantener indemne a la Nación frente a reclamos, incluyendo daños a personas. “La Nación conserva la ruta. La provincia asume las demandas. Eso no es federalismo: es tercerización del riesgo”.
3. Peaje como doble castigo: Quienes ya pagaron el impuesto al combustible deberían pagar peaje para financiar las obras. “Primero tributan, después pagan peaje. Y los fondos del tributo original siguen sin aparecer”.
4. Inviabilidad de proyectos integrales: El artículo 7° impide usar lo recaudado por peaje en un tramo para otros tramos, aunque sean parte del mismo corredor. “La plata de un kilómetro no puede usarse en el kilómetro de al lado. Eso hace inviable cualquier planificación seria”.
5. La trampa del año: Si la provincia no llama a licitación dentro de los 365 días, la delegación decae automáticamente. “Fuerza a provincias con presupuestos ajustados a moverse en plazos que la propia Nación no cumplió en años. Si fracasan, la culpa la tendrán los gobernadores”.
6. Sin recursos: Río Negro no puede garantizar insumos básicos en sus hospitales. “Pedirles que financien, liciten y ejecuten obras federales es trasladar una responsabilidad sin los fondos que la generaron. La delegación sin recursos es un eufemismo del abandono”.
7. Indemnidad para la Nación: La provincia queda sola ante la Justicia. Si hay un accidente, una demanda de un concesionario o un conflicto laboral, responde la provincia, mientras el Estado Nacional “queda blindado”.

“Es tirarse la brasa caliente y el juego del gallo pelado entre La Libertad Avanza y Juntos Somos Río Negro”, resumieron los legisladores, que exigieron a Fullone, Villaverde y Tortoriello “dar la cara” en el Congreso.