Un vecino de Viedma compró un Chevrolet Meriva a una pareja por un millón de pesos en una transacción particular. El pago se realizó en efectivo, y según lo informado por los vendedores, el vehículo se encontraba en buenas condiciones de motor y carrocería. Se indicó expresamente que faltaba colocar una correa, la bomba de la dirección hidráulica y la batería.

Debido a estos faltantes, el comprador debió trasladar el automóvil en remolque. Ambas partes firmaron el boleto de compraventa, y se entregó la cédula verde con la promesa de que el título de propiedad sería entregado en el transcurso de la semana.

Sin embargo, dos días después de adquirir el vehículo y tras colocar los repuestos necesarios, el nuevo dueño descubrió que el motor no arrancaba. Al llevarlo a un taller mecánico, le confirmaron que el motor estaba roto. Ante esta situación, se comunicó con los vendedores para reclamar, ya que esa no había sido la condición pactada de la venta.

El comprador propuso devolver el auto y que le restituyeran el dinero, pero los vendedores argumentaron que ya habían gastado parte del monto. Para solucionar el conflicto, el hombre les ofreció un acuerdo: que le devolvieran el dinero disponible y el resto en cuotas. Inicialmente, la pareja aceptó, pero tras unos días dejaron de responder sus mensajes y llamadas, y finalmente lo bloquearon.

Ante la falta de respuestas, el comprador intentó contactarlos en sus domicilios y lugares de trabajo, pero los vendedores se negaron a atenderlo. Finalmente, logró comunicarse con uno de ellos a través de Facebook Messenger, donde volvió a plantear una solución: la devolución del dinero o la reparación del auto. No obstante, el vendedor evitó la conversación y luego rechazó cualquier acuerdo.

Frente a esta situación, el comprador decidió reparar el automóvil por su cuenta y presentar una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma. Solicitó el reembolso de los gastos de reparación del motor, además de la entrega del título de propiedad y la firma de la transferencia correspondiente en el Registro de la Propiedad de Río Negro.

Como prueba, el damnificado aportó capturas de pantalla de la publicación original de la venta en Facebook, donde se describía el auto en "buen estado" y con "motor en marcha". También presentó capturas de conversaciones de WhatsApp que evidenciaban la relación entre las partes y el incumplimiento en la entrega del título de propiedad.

El fallo judicial determinó que "el vehículo adquirido por el actor al demandado presentó una serie de desperfectos que obligaron a la actora a recurrir a diversos talleres mecánicos para repararlo y poder hacer uso del bien. De esta manera, debió afrontar la compra de repuestos y pagar la mano de obra, mientras reclamaba a los demandados el reembolso, sin obtener ninguna respuesta favorable".

Finalmente, el Juez de Paz resolvió condenar a los vendedores a abonar al comprador casi un millón y medio de pesos en concepto de daño patrimonial e intereses. Asimismo, ordenó la entrega del título de propiedad del automóvil y de toda la documentación necesaria para la transferencia del dominio a favor del nuevo dueño.