El año pasado, los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de Río Negro registraron 1.277 trámites de divorcio, según el relevamiento anual del fuero. La cifra ubica a este proceso entre los más frecuentes dentro de la conflictividad familiar.

El número representa un leve aumento respecto a 2024, cuando se iniciaron 1.240 expedientes por disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, queda por debajo del récord de la última década, registrado en 2023, con 1.529 sentencias de divorcio. En 2022 se contabilizaron 1.204; en 2021, un total de 1.333; y en 2020, el Poder Judicial resolvió 910 divorcios.

Entre 2016 y 2019 las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.400, 1.395, 1.426 y 1.386, respectivamente. En 2015 se registraron 903 y en 2014, un total de 1.078.

La disolución del vínculo matrimonial se tramita en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio provincial. En Viedma y Roca funcionan varias unidades procesales, y también se reciben causas en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.

El divorcio se produce cuando una o ambas personas que integran el matrimonio solicitan judicialmente la disolución del vínculo. A partir de allí, si existen cuestiones pendientes como cuidado personal, alimentos o distribución de bienes, esos temas continúan su trámite por las vías correspondientes.

El año pasado, algunos divorcios se resolvieron en menos de una semana, especialmente cuando no había hijos ni bienes en común. Actualmente, el trámite no exige dar motivos del pedido de cese del vínculo: basta con la voluntad de al menos uno de los integrantes de la pareja.

En cuanto a la actividad judicial general del fuero, durante 2025 se dictaron 11.150 sentencias de finalización en toda la provincia, cifra que incluye fallos definitivos, interlocutorios, monitorios y homologaciones. Además, la magistratura llevó adelante un total de 5.975 audiencias, entre las cuales destacaron las preliminares y las instancias de escucha a niños, niñas y adolescentes.

La gestión se apoyó en la labor de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia, un modelo que permite reducir la carga administrativa sobre los jueces y juezas para concentrar la tarea en las resoluciones jurisdiccionales.

Los datos surgen del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.