El Gobierno de Río Negro dejó sin efecto las licencias gremiales de la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), Cesira Mullaly, y de la secretaria gremial, Marisa Albano. Además, inició un sumario administrativo contra Albano por presuntas inasistencias injustificadas, en el marco de un creciente conflicto laboral en el sistema de salud provincial.

La medida se oficializó tras el vencimiento de los permisos sindicales el pasado 31 de diciembre, pero Mullaly precisó que existe una resolución del Ministerio de Salud –la 2026-1913E– que rectifica una anterior donde sí se le había otorgado la licencia. “Desconozco en qué se basa el gobernador para decir que no corresponde a lo que denunciamos. Hay una resolución que dice claramente que no se me otorga la licencia gremial que solicité oportunamente”, afirmó la dirigente en diálogo con este medio.

Consultada sobre las declaraciones del mandatario provincial, que aludió a un posible “error” y sostuvo que el tema no se dirimió en el ámbito de gobierno, Mullaly respondió: “¿Dónde si no? Hay actos administrativos ejecutados a la voluntad de quien los firma”.

Sin diálogo y con hospitales desbordados

La secretaria general aseguró que los canales institucionales están rotos. “No hay convocatoria a la Mesa de Salud. Todos los compromisos asumidos por el ministro y el gobernador de convocarla no se cumplieron”, denunció, y recordó que el propio mandatario se comprometió públicamente en El Bolsón a retomar la mesa tras las paritarias de febrero, algo que nunca ocurrió.

En cuanto a las condiciones laborales, Mullaly describió una situación crítica: “Tenemos 1.300 agentes menos que en 2021, salarios por debajo de la canasta familiar (un palo 300 o 400 mil pesos) y trabajadores que se ven obligados a hacer más de 100 horas extras mensuales para llegar a fin de mes”.

Respecto al tope de horas extras –que generó confusión y malestar en los últimos meses–, explicó que en febrero y marzo se pagaron por planilla complementaria las horas excedentes, pero que desde abril el tope rige “taxativamente”. “Si te pasás, no te las van a pagar. Veremos cómo gestionan las excepciones, porque gestionan las ilegalidades y los amiguismos como les parece”, cuestionó.

Dirigentes en actividad y dobles estándares

Mullaly también denunció que el gobierno emitió una norma que prohíbe a delegados y dirigentes con licencia gremial hacer guardias, pero días después autorizó excepciones “con nombre y apellido”. “Esa gestión de las ilegalidades es lo que envicia todo. Después pagamos el pato el resto de los trabajadores”, sostuvo.

Actualmente, Mullaly cumple tareas asistenciales en el hospital, ya que su licencia gremial fue revocada. “Si el gobernador dice que me la otorgó, que levante el teléfono y avise al ministro para que yo pueda hacer mis tareas sindicales”, reclamó.