Dos efectivos de la Policía de Río Negro fueron imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo, en un episodio que conmociona a la comunidad de Cinco Saltos. El incidente, ocurrido el pasado 30 de diciembre, tiene como víctima a la expareja de uno de los agentes involucrados y se enmarca en un contexto de violencia de género.
El hecho se registró en la mañana del lunes, cuando los policías realizaban rondas preventivas en un patrullero oficial. Según la investigación, cerca de las 10 de la mañana se dirigieron al parador de colectivos donde la mujer esperaba su transporte. Allí, el uniformado que mantenía una relación previa con la víctima inició una acalorada discusión, que rápidamente escaló en violencia.
Según los datos aportados por la Fiscalía, los agentes intentaron subir por la fuerza a la mujer al móvil policial. Durante el forcejeo, uno de ellos se apoderó de la mochila de la víctima. Desesperada por recuperar sus pertenencias, la mujer logró arrebatarle un celular que estaba en poder del otro efectivo. Los policías se retiraron del lugar en el patrullero, pero minutos después regresaron para continuar con el hostigamiento.
El agente implicado descendió del vehículo con la mochila en mano y ofreció un intercambio: la devolución del celular a cambio de la mochila. En ese momento, llegaron otros dos policías que se encontraban de patrulla, quienes fueron inducidos a colaborar en el operativo, sin tener conocimiento del trasfondo ilegal de la situación.
Bajo engaño, los refuerzos subieron a la mujer al móvil policial y la trasladaron contra su voluntad por la Avenida Argentina hasta la calle Cordero. Una vez allí, la obligaron a descender y la discusión continuó. Antes de retirarse, los policías se apropiaron de la billetera de la víctima.
El 31 de diciembre, en una audiencia realizada por el Ministerio Público Fiscal, se formularon cargos contra los dos agentes. La acusación incluye privación ilegítima de la libertad agravada, secuestro y robo. Durante la audiencia, la Fiscalía hizo hincapié en que los imputados utilizaron su posición como funcionarios públicos para perpetrar los delitos.
El agente que mantuvo una relación previa con la víctima fue quien recibió la medida más severa: prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación. Su compañero, en tanto, deberá cumplir medidas restrictivas, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a la víctima.
La causa se sostiene en diversas pruebas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad, que serían clave para el avance del proceso judicial. Estas evidencias complicarían el futuro procesal de los efectivos, ya que muestran parte del accionar delictivo.
La Fiscalía también remarcó que el caso debe ser analizado en el marco de violencia de género. El principal imputado ejercía control y violencia psicológica, física y simbólica sobre la víctima, situación que se vio reflejada en los hechos investigados.