Al mediodía de hoy, se formularon cargos contra una mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, por un hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, en una vivienda. La acusada permanecerá en prisión preventiva por tres meses, según lo dispuesto por el Juez de Garantías interviniente.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el incidente habría tenido lugar en un departamento ubicado en el fondo del terreno de la vivienda. Allí, la mujer habría intentado dar muerte a su pareja atacándolo con un cuchillo tipo Tramontina, ocasionándole lesiones en el pecho. No obstante, la rápida intervención médica impidió un desenlace fatal.

Según relató la fiscal en turno, la investigación cuenta con diversas pruebas, entre ellas el acta del procedimiento policial realizado por la Comisaría 38°, que acudió al lugar tras un aviso del Comando de Emergencias 911. La víctima, gravemente herida, fue trasladada inicialmente en un vehículo particular y luego escoltada por una ambulancia hasta el Hospital Zatti.

En el marco de la investigación, se secuestraron elementos de interés, incluido el cuchillo hallado sobre un mueble, que será sometido a peritajes. También se incorporaron testimonios, certificados médicos, y actuaciones del Gabinete de Criminalística, además de información proporcionada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) tras entrevistas con familiares.

Durante la audiencia, la acusada ejerció su derecho a declarar y presentó su versión de los hechos, incluyendo eventos ocurridos días previos al ataque. Por su parte, la defensora penal oficial no objetó la formulación de cargos, aunque anticipó que en etapas posteriores discutirá la calificación legal del caso.

El juez consideró acreditados los cargos en función de los artículos 42, 45 y 80, inciso 1°, del Código Penal, y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación preparatoria, destacando la complejidad de la causa. Además, determinó la prisión preventiva de la imputada por tres meses, al evaluar los riesgos procesales y la necesidad de producir más evidencia.