Después de más de 17 horas de audiencia y cinco horas y media de deliberación, el jurado popular declaró a Eduardo David Morello culpable de amenazas agravadas por el uso de armas. Sin embargo, respecto al cargo de homicidio, el jurado no alcanzó el mínimo de 10 votos necesarios para un veredicto de culpabilidad, por lo que Morello quedó absuelto por ese hecho.
El caso estaba relacionado con la muerte de Beimar Llanos Condori, ocurrida el 7 de agosto de 2023 en una chacra de General Conesa. Según la acusación fiscal, Morello habría matado a Llanos motivado por odio a su nacionalidad y usando un arma de fuego, en el contexto de un conflicto previo por la venta de un terreno. Sin embargo, la defensa argumentó que se trató de un exceso en la legítima defensa.
Durante la deliberación, el jurado se declaró “estancado” al no llegar a una decisión sobre el cargo principal. El juez técnico, Marcelo Álvarez, instruyó al jurado a intentar deliberar nuevamente, como lo establece el Código Procesal Penal. Finalmente, no se alcanzó la mayoría calificada requerida, lo que derivó en la absolución por el hecho principal.
El juicio fue histórico en varios sentidos. Fue la primera vez en la provincia que el juez técnico y las partes debieron resolver consultas del jurado durante su deliberación. Además, fue el juicio por jurado número 20 realizado en Río Negro.
El fiscal jefe Juan Pedro Peralta, junto con el fiscal José Chirinos y la fiscal adjunta Sofía Lento, sostuvo que el delito de homicidio estaba agravado por odio a la nacionalidad, aplicando la Ley 23.592, que incrementa las penas en casos de discriminación. Por su parte, el equipo defensor, liderado por Damián Torres y Claudia Pichiñan, presentó pruebas en favor de la legítima defensa.
El jurado, integrado por seis hombres y seis mujeres, escuchó durante tres jornadas los testimonios de familiares de la víctima, especialistas y al propio imputado. Tras las instrucciones finales del juez, pasaron a deliberar en sesión secreta.
Con el veredicto de culpabilidad por amenazas, el caso pasará ahora a una etapa conocida como juicio de cesura, donde se evaluarán pruebas para determinar la pena correspondiente. Además, tanto la Fiscalía como la querella anunciaron que apelarán la decisión del jurado, argumentando que no comprendieron plenamente las implicancias del estancamiento.