Autoridades de las universidades de Río Negro y del Comahue convocaron a movilizarse en defensa de la educación pública gratuita. Denuncian que el veto presidencial y la reducción presupuestaria proyectada para el próximo año generan una “asfixia paulatina” que pone en riesgo la enseñanza, la investigación y la función social de las casas de estudio. 

En un enérgico llamado a la comunidad, representantes de las universidades nacionales de Río Negro y del Comahue alertaron sobre el crítico estado del sistema universitario público tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento y la presentación de un presupuesto para el año próximo que sería menor al actual. Desde la perspectiva de los rectores, esta decisión política del gobierno nacional evidencia que la educación superior es considerada un “gasto” dentro del proyecto de país, lo que deriva en una “asfixia paulatina” de las instituciones. Esta situación se traduce en salarios docentes insuficientes, becas estudiantiles “exiguas” o inexistentes, y la imposibilidad de avanzar en obras de infraestructura y en la creación de nuevas ofertas académicas para responder a las necesidades de los territorios. 

Se destacó que el problema trasciende lo salarial y se convierte en la defensa de una institución fundamental. “Más que un reclamo salarial, se trata de defender una institución como la universidad pública, gratuita e inclusiva”, señalaron, recordando que una encuesta reciente muestra que más del 85% de la población apoya a la universidad pública. 

El veto a la ley, argumentado por el gobierno en base al “impacto fiscal”, la “falta de fuente de financiamiento” y el “riesgo inflacionario”, implica para las universidades la pérdida de la previsibilidad presupuestaria indispensable para la planificación. Esto afecta directamente tres pilares: el bienestar estudiantil (becas y residencias), los salarios docentes que permitan dedicación exclusiva y la inversión en desarrollo científico-tecnológico. Se advirtió sobre un efecto dominó: la renuncia masiva de ayudantes alumnos y docentes que no pueden sostenerse con sus salarios, lo que lleva al colapso de los equipos de cátedra y, consecuentemente, deteriora la investigación y la calidad educativa. “Si los equipos de cátedra se caen, difícilmente podamos sostener el sistema científico”, explicaron. Además, se subrayó que el veto viola el “principio de progresividad”, un concepto que defiende que los derechos adquiridos, como el acceso a una educación superior pública, no pueden retroceder. Se enfatizó que la universidad es un problema de toda la sociedad, ya que sin educación, innovación y proyectos de vida para los jóvenes, no hay desarrollo posible. 

La convocatoria es a una marcha que partirá desde los edificios de ambas universidades para congregarse en la Plaza San Martín a las 17:00 horas. También se hizo un llamado directo a los diputados nacionales, especialmente a los de Río Negro y Neuquén, para que demuestren