Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió destituir al juez de la Cámara del Trabajo de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, e inhabilitarlo por cinco años para ocupar cualquier otro cargo judicial. La decisión se adoptó en el marco de un proceso disciplinario que investigó conductas reiteradas de incumplimiento en los plazos para dictar sentencias y la pérdida de competencia en múltiples expedientes.

El juicio político analizó hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Durante ese período, se comprobó que el magistrado acumuló veinticinco causas con plazo vencido para fallar. Diecisiete de ellas fueron consideradas como un "atraso sistemático en la emisión de sentencias definitivas", a lo que se sumaron ocho expedientes en los que se configuró la pérdida de competencia. El Consejo advirtió que esta situación genera "un quiebre institucional diferente, que excede de un atraso".

Durante el debate, Guerra Labayén reconoció los atrasos pero intentó justificarlos argumentando que buscaba "calidad técnica y excelencia" en sus resoluciones. Esta argumentación fue expresamente rechazada en la sentencia, que consideró "inadmisible" su afirmación de que el mayor tiempo invertido aseguraba la irrecurribilidad de los fallos. El Consejo remarcó que "la calidad de los fallos debe ser correlativa a la obligación de dictarlos en tiempo y forma".

La resolución destacó que el juez no mostró reflexión ni arrepentimiento por las conductas reprochadas, manteniendo hasta el final una postura orientada a justificar su proceder. Testimonios incorporados durante el debate dieron cuenta de la magnitud de las demoras y de los intentos infructuosos de otros integrantes de la Cámara por revertirlas. También se acreditó que, pese a las advertencias de la Auditoría Judicial, el magistrado no adoptó medidas concretas para normalizar la situación hasta que fue sometido al proceso disciplinario.

El Consejo enfatizó el carácter alimentario de las causas laborales afectadas, señalando que las demoras prolongadas vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y afectan directamente sus condiciones de vida. Se recordó que "la celeridad del proceso es un aspecto fundamental del derecho a la jurisdicción de los justiciables", claramente vulnerado cuando la sentencia no se resuelve en tiempo oportuno.

En su análisis final, el órgano disciplinario concluyó que los hechos probados evidencian un apartamiento grave e injustificado de las obligaciones constitucionales y legales de un magistrado. La persistencia de la conducta, la ausencia de arrepentimiento y la falta de reflexión sobre la responsabilidad institucional constituyeron razones suficientes para determinar que Guerra Labayén perdió la idoneidad necesaria para el cargo.

El Consejo estuvo integrado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, los legisladores Marcela González Abdala, Juan Murillo Ongaro y Marcelo Szczygol, el juez Gustavo Bronzetti Núñez y los representantes del Colegio de la Abogacía Candela Fanton, Luisina Devia y Maximiliano Mullally Bratulich. La acusación estuvo a cargo del Procurador Jorge Crespo y la defensa del abogado Fernando Chironi.