En el cierre del juicio político contra el camarista laboral Gustavo Guerra Labayén, la defensa y la acusación presentaron visiones contrapuestas: una alegó una "acción coordinada" de abogados y legisladores para remover al juez por sus sentencias, mientras la otra sostuvo que los reiterados atrasos en 25 causas laborales configuran un "mal desempeño" que merece la destitución.

El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, requirió la destitución del magistrado y su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos en el Poder Judicial. En su alegato, enfatizó que los retrasos en resolver expedientes, reconocidos incluso por la defensa, perjudicaron concretamente a "los sectores más vulnerables" que esperaban respuestas a sus reclamos laborales. "No se trata de simples números: detrás de esos legajos hay personas que estaban esperando resolver su situación", afirmó Crespo, y calificó la justificación del juez de anteponer "el ego a la función".

Por su parte, el abogado defensor, Fernando Chironi, deslizó que la verdadera causa del juicio político fue la postura firme de Guerra Labayén frente a las pretensiones de abogados y aseguradoras, "principalmente Horizonte", la compañía estatal rionegrina. El eje de la controversia, según la defensa, radica en los porcentajes de incapacidad reconocidos en los juicios laborales.

Chironi reveló un entramado de intereses que, a su juicio, explica la "acción coordinada" contra el juez. Señaló que el directorio de Horizonte está integrado por legisladores que, a su vez, forman parte del Consejo de la Magistratura, el órgano que juzga a Guerra Labayén. Además, denunció que ese directorio le otorgó poder a un abogado, Santiago Guenumil, para que actúe como representante de la aseguradora, y que el mismo Guenumil fue designado como instructor sumariante en la causa contra el juez. "Esa invocada independencia parece no pasar de una mera formalidad", afirmó.

El defensor también se refirió a las presiones sobre los médicos peritos para que amplíen los porcentajes de incapacidad, lo que impacta directamente en los montos indemnizatorios. Cuestionó además que, a diferencia de la ley nacional, en Río Negro los honorarios de estos peritos están vinculados al monto de la incapacidad que miden, lo que crea un "conflicto de intereses".

El magistrado hizo uso de su derecho de palabra final. El Consejo de la Magistratura dará a conocer su veredicto el próximo viernes 12 de septiembre a las 12 horas.