La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves una ley que amplía las competencias del Departamento Provincial de Aguas (DPA), permitiéndole generar y comercializar energías renovables, incluyendo no sólo proyectos hidroeléctricos, sino también solares, eólicos y mareomotrices. La iniciativa, que obtuvo 36 votos a favor y 9 en contra, fue apoyada por el oficialismo y rechazada por los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro.

El legislador oficialista Carlos Valeri, miembro informante, destacó que el proyecto moderniza el marco legal para aprovechar la descentralización del mercado energético. Explicó que el DPA podrá negociar directamente con distribuidores y desarrollar proyectos híbridos, como la combinación de energía hidroeléctrica y fotovoltaica, lo que garantizará un suministro más estable sin requerir inversión inicial del Estado, ya que se financiará con la propia generación.

Desde el oficialismo también se subrayó que la provincia cuenta con infraestructura ociosa y nodos de conexión al sistema interconectado nacional que representan un recurso estratégico. El legislador Daniel Sanguinetti afirmó que la norma permite aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar el cambio climático.

El radical Ariel Bernatene valoró que la iniciativa dé continuidad a una política de Estado de más de 60 años destinada a asegurar que los recursos provinciales sirvan al desarrollo de los rionegrinos. En la misma línea, Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá competir libremente en el mercado energético.

La oposición, en cambio, cuestionó la eliminación del requisito de que la Legislatura apruebe proyectos de energías renovables no hidráulicas. Daniel Belloso (PJ–NE) y Magdalena Odarda (Vamos con Todos) advirtieron que se corre el riesgo de conceder recursos naturales mediante un "simple acto administrativo", lo que afecta la división de poderes. Odarda añadió que el agua "es un derecho humano fundamental, no un simple commodity", y mostró preocupación por la cesión de soberanía en contratos con la empresa israelí Mekorot.

Frente a estas críticas, Valeri y Mansilla explicaron que la modificación corrige un error de técnica legislativa, ya que el Código de Aguas ya contempla instancias de aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público. El presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió el acuerdo con Mekorot como un convenio de asistencia técnica y capacitación, y sostuvo que "el sol y el viento no son rionegrinos", por lo que no corresponde exigir autorizaciones legislativas para su aprovechamiento.

El superintendente del DPA, Gastón Renda, celebró la sanción de la ley y consideró que la actualización del marco legal es un paso necesario para acompañar los cambios tecnológicos y de mercado. Mencionó como ejemplo emblemático la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, en Río Colorado, donde se proyecta sumar generación solar fotovoltaica en un predio ya equipado con infraestructura eléctrica.

Renda también destacó que el nuevo contexto energético abre oportunidades de inversión privada y diversificación productiva, adelantando que la provincia cuenta con tres proyectos hidroeléctricos sobre canales de riego en el Alto Valle que están en etapa avanzada, aunque requieren capital privado para concretarse.

La modificación del Código de Aguas y de la Ley Q Nº 3930 otorga al DPA prioridad en la ejecución de proyectos de energías limpias y la posibilidad de negociar directamente con distribuidores, sin depender exclusivamente del sistema nacional centralizado. Según legisladores oficialistas, esto permitirá aprovechar tierras, nodos de conexión e infraestructura existente, generando ingresos para el Estado y empleo local.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la provincia cuenta ahora con las herramientas necesarias para transformar sus recursos en energía limpia, moderna y sostenible, con impacto directo en el desarrollo local.

Con esta reforma, Río Negro busca consolidarse como productora de energías renovables, integrando la generación hidroeléctrica con fuentes solares y eólicas, y preparando al DPA para liderar la transición hacia un modelo energético diversificado, eficiente y ambientalmente responsable.