En septiembre, más del 53% de los días de licencia solicitados por empleados públicos provinciales fueron rechazados debido a irregularidades, según informaron las autoridades locales. De los 48.518 días pedidos, solo 22.722 fueron aprobados, mientras que 25.796 días fueron desestimados, lo que revela un abuso del sistema que afecta gravemente las finanzas públicas.

Esta medida forma parte de un nuevo sistema de auditorías implementado en la provincia para controlar las inasistencias de los empleados públicos. Durante el mes de agosto, cuando aún no se había puesto en marcha esta nueva regulación, el Estado provincial destinó más de $2.180 millones a cubrir ausencias sin control riguroso. Gracias a la implementación del sistema de auditoría en septiembre, se evitó un gasto de casi $1.763 millones.

"Estamos avanzando hacia un control exhaustivo del presentismo en la administración pública, revisando faltas, inasistencias y justificaciones médicas de manera rigurosa. Los resultados están a la vista: el Estado ahorra miles de millones y mejora su eficiencia", indicó un vocero del gobierno provincial.

El impacto económico de este abuso del sistema de licencias ha sido una preocupación constante para las autoridades, que ahora aseguran estar comprometidas en garantizar un control más efectivo de los recursos y optimizar la gestión pública. Con estos nuevos procedimientos de auditoría, el gobierno busca seguir ajustando las cuentas y promoviendo un uso responsable de las licencias laborales.

Las medidas implementadas en septiembre marcan el inicio de un cambio en la política de control de ausencias en el sector público, con el fin de evitar que el Estado siga perdiendo grandes sumas de dinero y mejorar la productividad en la administración.