La política social de un gobierno comunal se define por su capacidad de articular acciones concretas en el territorio, en contacto directo con la ciudadanía y en coordinación con otros niveles del Estado. Sin embargo, cuando se trata de temas sensibles como el hábitat y la vivienda, la concreción de los proyectos depende en gran medida de las decisiones de los gobiernos provincial y nacional.

El loteo "Los Eucaliptus", en Viedma, es un ejemplo claro de esta dinámica. En 2019, el entonces intendente José Luis Foulkes estableció los mecanismos para seleccionar a los beneficiarios de los lotes, proceso que quedó formalizado mediante el Decreto 1226. Dos años después, bajo la gestión de Pedro Pesatti, se consultó a los vecinos sobre la construcción de 100 viviendas a cargo del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV). Este ejercicio democrático permitió ajustar el proyecto y redefinir la adjudicación de lotes, formalizada en 2022 mediante el Decreto 98.

No obstante, el destino del proyecto quedó truncado por decisiones ajenas a la esfera local. El 25 de julio de 2024, el IPPV informó que las viviendas no se construirían debido a la discontinuidad de fondos del Programa Nacional Casa Propia por parte del gobierno nacional.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Viedma avanzó con la Ordenanza 9108 para facilitar la entrega de los inmuebles, mientras que el gobierno provincial, a través del IPPV, invirtió alrededor de 800 millones de pesos en obras básicas de infraestructura para 134 lotes.

Así, mientras el municipio organizó y gestionó la demanda, y la provincia aportó los recursos para las obras, el gobierno nacional optó por el desfinanciamiento, dejando en suspenso un derecho esencial para cientos de familias.