Adriana Fabi, madre de Gabriel Mandagaray —el joven fallecido durante un entrenamiento del COER en 2021—, emitió un duro comunicado exigiendo justicia ante la nueva audiencia fijada para el 2 de septiembre en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.

En la carta pública, Fabi calificó el proceso judicial como una "burla más del sistema rionegrino" hacia las víctimas y la sociedad. Criticó que, tras un año de revisión, el expediente vuelva al STJ por pedido de las defensas de los condenados, mientras los acusados "gozan de libertad, sueldos estatales y emprendimientos propios".

"Una madre jamás se resigna", declaró Fabi, recordando que su hijo murió en custodia policial y que el STJ "prioriza las garantías de los criminales sobre la justicia para un inocente". También relató el dolor de su nieto, quien pregunta: "¿Y mi papá por qué no se defendió? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Y esos hombres malos dónde están?".

Adriana Fabi advirtió que, si no hay una condena ejemplar, "se sumarán más Gabriel a la lista de víctimas de abusos policiales". Citando al gobernador Alberto Weretilneck, exigió a los jueces que cumplan su juramento: "El que no trabaja, se va".

Gabriel Mandagaray murió en abril de 2021 durante un curso del COER en Bahía Creek. El Tribunal de Impugnación confirmó las condenas por homicidio culposo y abuso de autoridad contra cuatro integrantes del cuerpo, aunque redujo la pena de uno de ellos, Marcelo Contreras, a tres años de prisión condicional.

Los otros tres acusados —Alejandro Gattoni (coordinador del curso), Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez (instructores)— recibieron penas entre 4 y 5 años de prisión e inhabilitación policial. El fallo determinó que la muerte fue resultado de maltratos, negligencia y cambios no autorizados en el entrenamiento, que llevaron a Mandagaray a ahogarse sin asistencia oportuna.
La audiencia del 2 de septiembre en Viedma será clave para definir si el STJ ratifica o modifica el fallo. Sin embargo, el caso podría extenderse aún más, ya que queda pendiente una revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin plazos definidos.

Mientras tanto, la familia y la querella —representada por los abogados Damián Torres y Claudia Pichiñan— mantienen la lucha por una condena firme. Fabi cerró su mensaje con un llamado a la sociedad: "Es momento de denunciar públicamente estas injusticias".