El Juzgado de Paz de Sierra Grande intervino para mediar en un conflicto entre los propietarios de una vivienda y sus inquilinos, tras una serie de reclamos por pagos pendientes. Los dueños, una expareja, acudieron a la casa en disputa, golpearon la puerta y fueron atendidos por una integrante de la familia inquilina. Según relatos divergentes, mientras los propietarios alegaron que fueron agredidos, los inquilinos denunciaron el ingreso sin autorización y la presencia de actitudes violentas frente a menores.

Ante la escalada del conflicto, el Juzgado de Paz convocó a audiencias y escuchó a ambas partes, constatando que todos los involucrados solicitaron medidas de restricción. La resolución judicial estableció la prohibición de acercamiento y de expresiones agraviantes, extendiendo la orden a redes sociales para evitar comentarios o publicaciones sobre el caso.

"La ley me faculta a adoptar medidas preventivas para garantizar la convivencia en una comunidad jurídicamente organizada", fundamentó el fallo. Así, se ordenó a ambas familias abstenerse de provocar incidentes, emitir agravios o realizar reclamos personales, ya sea en espacios públicos o privados. La medida incluye también la restricción de acercamiento a los domicilios respectivos, buscando evitar nuevos enfrentamientos.