En medio de un clima de creciente incertidumbre, los trabajadores de Vialidad Nacional manifestaron su preocupación y rechazo ante el anuncio del Gobierno nacional de avanzar con la disolución del organismo, una medida que, según los gremios, pone en riesgo miles de puestos de trabajo y afecta directamente a la conectividad y el desarrollo federal del país.

En Viedma, los empleados del Distrito 20 se presentaron a sus puestos con normalidad, aunque reconocieron estar desorientados y angustiados. Daniela Castro, delegada gremial de UPCN con 15 años de antigüedad, expresó que el decreto nacional que dispone el cierre de la institución los tomó por sorpresa: “Sabíamos que venía un cambio, pero no imaginamos el cierre total. Hoy estamos a la espera de definiciones concretas, sin saber qué pasará con nuestras fuentes de trabajo”.

En la provincia de Río Negro, Vialidad emplea a 150 personas, de las cuales 60 prestan servicios en la capital. “Hasta ahora trabajamos con lo poco que hay, sin presupuesto, con salarios congelados desde octubre del año pasado, y con aumentos salariales irrisorios”, relató Castro. La falta de paritarias y la ausencia de un canal de diálogo oficial agravan el malestar de los trabajadores.

Desde los gremios nacionales, como la Federación del Personal de Vialidad Nacional y SEViNA, advierten que la medida podría implicar la pérdida del 50% al 60% del personal en todo el país, lo que afectaría a más de 3.000 familias. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la federación, consideró que “es un golpe brutal al empleo público y una agresión a la soberanía nacional”, mientras que Emiliana McNamara, dirigente de SEViNA, pidió un respaldo amplio: “No es solo una lucha sindical, es una defensa de las rutas, la seguridad vial y la infraestructura nacional”.

En una conferencia improvisada en la sede del organismo en Viedma, otras trabajadoras como Lucrecia Gastaldi y Paula Mico, ambas con cargos técnicos, remarcaron que no hay detalles sobre cómo se implementará la nueva estructura. “El decreto habla de tres nuevas unidades: planeamiento y proyectos, conservación y obras, y concesiones, pero no sabemos cuántos agentes serán reubicados ni en qué condiciones”, explicaron. También recordaron que ya hubo despidos durante el año pasado, con al menos 160 cesantías en todo el país.

Pese al desconcierto, los gremios no descartan acciones a nivel nacional. Hasta el momento no se han definido medidas de fuerza en el distrito local, aunque se plantean movilizaciones y reuniones con legisladores para frenar lo que consideran “un ataque directo al Estado y al federalismo”.

Mientras tanto, los trabajadores siguen firmes en sus puestos, aguardando respuestas en un contexto cada vez más hostil para la administración pública nacional.