La Comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidades y Discapacidad del Senado bonaerense debatió esta semana un proyecto de ley que propone la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. La iniciativa, presentada por la senadora de UCR + Cambio Federal, Nerina Neumann, apunta a mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en talleres protegidos y promover nuevas fuentes de financiamiento.

Esta propuesta se enmarca en la Ley Nacional N° 26.816, reglamentada por el decreto 1771/2015, cuyo objetivo central es garantizar el acceso a un trabajo digno y adecuado para personas con discapacidad. Para ello, contempla el respaldo institucional y la implementación de criterios de inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.

Según explicó Neumann, la adhesión al régimen permitiría a la provincia acceder a mayores niveles de financiamiento y a un apoyo técnico sostenido para el funcionamiento de los talleres protegidos. Además, facilitaría la formalización de los espacios laborales conforme a estándares nacionales y promovería una articulación más eficaz con las políticas públicas de empleo vigentes a nivel federal.

En la actualidad, el régimen federal reconoce tres modalidades de empleo protegido: Talleres Protegidos de Producción (TPP), Talleres Especiales de Empleo (TPEE) y Grupos Laborales Protegidos (GLP). En este sentido, el proyecto contempla el fortalecimiento legal e institucional de estas tres modalidades, que actualmente funcionan sin un marco normativo adecuado en la provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión, la comisión recibió el respaldo de la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, representada por su director Raúl Bernardino Lucero, y de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP), presidida por Mónica Pizarro.

Ambos organismos provinciales acompañaron la iniciativa y subrayaron la necesidad urgente de contar con una legislación que contemple la situación de más de 170 talleres protegidos que funcionan dentro del territorio bonaerense. Asimismo, advirtieron que más de 4.800 operarios continúan desempeñándose sin cobertura salarial adecuada ni reconocimiento legal, lo cual limita seriamente sus posibilidades de desarrollo laboral y social.

En ese contexto, Neumann destacó el valor estratégico de la adhesión al régimen federal, ya que permitiría integrar a la provincia con las políticas de inclusión laboral impulsadas a nivel nacional. “Esta adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido es un paso fundamental para asegurar mayor financiamiento, formalización y una mejor articulación con las políticas nacionales”, expresó.

Al finalizar su intervención, la senadora radical agradeció el acompañamiento recibido por parte de las organizaciones del sector y reafirmó su compromiso con la ampliación de derechos laborales. “Nuestro objetivo es claro: fortalecer el acceso a un trabajo digno y protegido para las personas con discapacidad, garantizando condiciones adecuadas de empleo y un acompañamiento institucional robusto, tanto en el ámbito público como en el privado”, concluyó.

Empleo protegido: así funciona el régimen federal para personas con discapacidad

El Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad tiene alcance en todo el territorio nacional y establece un marco legal para promover el desarrollo laboral de personas con discapacidad. Su objetivo principal es mejorar el acceso al empleo y garantizar condiciones que permitan obtener, conservar y progresar en un puesto de trabajo, ya sea en el sector público o privado, bajo modalidades protegidas o regulares.

La implementación del régimen se organiza en tres modalidades específicas: los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), los Talleres Protegidos de Producción (TPP) y los Grupos Laborales Protegidos (GLP). Estas estructuras brindan espacios laborales adaptados, con acompañamiento profesional y apoyo técnico, destinados a fomentar la inclusión social y económica de personas con discapacidad.

Además, la ley crea un Régimen Especial de Seguridad Social para el Empleo Protegido, que incluye cobertura para vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedades, cargas de familia y riesgos del trabajo. Las personas alcanzadas por esta normativa quedan incorporadas al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con los beneficios previsionales que contempla la Ley N°26425 y sus modificatorias.

Por último, el régimen también establece beneficios económicos y fiscales para quienes contraten o integren a personas provenientes de estas modalidades, puesto que el Estado cubre el 100% de los aportes, contribuciones patronales y seguros de riesgo de trabajo. Además, los empleadores pueden deducir de Ganancias el total de las remuneraciones abonadas, y las actividades vinculadas a los talleres protegidos quedan exentas de IVA, impuestos internos y otros tributos nacionales.