El gobierno nacional sigue sin transferir a Río Negro los fondos que, por ley, le corresponden en concepto de subsidios al transporte público y de infraestructura vial. Según la Ley 23.966, lo recaudado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos —que pagan todos los usuarios al cargar nafta— debe ser distribuido entre las provincias para la construcción de rutas y el sostenimiento del transporte de pasajeros. Sin embargo, esa redistribución no se está cumpliendo.

Desde 2024, el Estado nacional eliminó los subsidios al transporte para todas las provincias, excepto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que el AMBA recibe actualmente $74.000 millones por mes para sostener su red de colectivos, en el resto del país no se transfiere un solo peso. Esto genera una fuerte disparidad: un pasajero en la Ciudad de Buenos Aires puede pagar $546 para recorrer hasta 27 kilómetros, mientras que un rionegrino abona cerca de $2.000 por trayectos mucho más cortos, incluso con subsidio provincial.

Durante 2024, Nación debía haber girado a las provincias unos $55.000 millones, monto que jamás fue transferido. A esa cifra se suman otros $29.000 millones recaudados en lo que va de 2025, que tampoco se repartieron. De esta forma, Río Negro y otras jurisdicciones quedan excluidas del reparto, a pesar de aportar al fondo común mediante el impuesto al combustible.

Ante la ausencia de asistencia nacional, el gobierno provincial sostiene con fondos propios el sistema de transporte. En 2024, destinó más de $3.581 millones y este año tiene comprometidos $4.115 millones. Aporta tanto a los servicios de corta y larga distancia con recorridos provinciales —con un desembolso de $2.535 millones anuales— como al transporte urbano de ciudades como Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, El Bolsón, San Antonio Oeste y Sierra Grande, con otros $1.580 millones.

Además de financiar los servicios de transporte, Río Negro también ejecuta toda la obra vial en su territorio con fondos propios, a pesar de que esos recursos deberían provenir en parte de Nación. Frente a esta situación, el gobernador Alberto Weretilneck, junto a otros 22 mandatarios provinciales, impulsa un proyecto de ley para modificar el esquema actual de distribución de los fondos del impuesto al combustible.

La iniciativa propone eliminar el Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte y establecer una nueva fórmula de reparto más equitativa: el 43% de lo recaudado quedaría en manos del Estado nacional y el 57% se distribuiría entre las provincias. El objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a todos los distritos del país y no queden concentrados únicamente en el AMBA.