Esta mañana se llevó a cabo en Viedma una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, ex intendentes de Sierra Grande, junto a cuatro funcionarios municipales de sus gestiones, en el marco de la investigación por irregularidades en el programa Techo Digno.

La audiencia, desarrollada en el Auditorium del Poder Judicial, avanzó luego de que un informe pericial solicitado por la fiscalía a un ingeniero civil derivara en la actualización de los costos del caso. El abogado del empresario vinculado a la obra no estuvo presente por motivos personales debidamente justificados, por lo que su declaración quedó pospuesta para el 2 de julio.

A Tamburrini se le imputan los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento falso. Según la fiscalía, entre abril y noviembre de 2015, recibió $16.689.525 del Estado nacional para la construcción de 40 viviendas, pero ordenó pagos por $12.861.207 por un avance de obra del 71,03%, certificado falsamente por los entonces secretarios Mauro Tamburrini y Ernesto Noel. Sin embargo, auditorías posteriores revelaron que el avance real era del 42,21%, generando un perjuicio al municipio que, actualizado a marzo de 2025, asciende a $793.480.666.

En el caso de Iribarren, quien asumió en diciembre de 2015, se lo acusa de continuar con los pagos irregulares. Junto a la entonces secretaria Claudia Albariño, habría autorizado desembolsos por $2.008.773,89 a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., basados en certificados falsos que indicaban un avance del 14,02%. Una inspección del IPPV constató que solo se habían realizado zanjeos para 14 viviendas, sin cumplir con lo declarado.

Tras la exposición de las pruebas, que incluyeron más de 40 páginas de documentación, el juez de Garantías dio por formalizados los cargos y ordenó la apertura de una investigación penal preparatoria por cuatro meses. Las defensas de los imputados adhirieron a lo planteado por la fiscalía.