La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una ley que crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG) e incorpora la figura de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad en general, pero con divisiones en los artículos específicos, especialmente en torno a la reiterancia.

La reiterancia delictiva: ¿herramienta o riesgo?

Uno de los puntos centrales de la ley establece que la reiterancia delictiva —entendida como la existencia de al menos otro proceso penal activo con cargos confirmados— podrá ser considerada como pauta objetiva para fundamentar la prisión preventiva o denegar la excarcelación.

El legislador Lucas Pica (JSRN), miembro informante, defendió la medida como un mecanismo para "ponerle un cerrojo a la impunidad", citando casos de reincidentes con múltiples delitos en poco tiempo. "No es condena anticipada, sino una medida provisoria ante el riesgo procesal", aseguró.

Sin embargo, la oposición cuestionó su constitucionalidad. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) la calificó de "manifiestamente inconstitucional" por violar el principio de inocencia, mientras que Ana Marks (PJ-NE) la tildó de "discurso punitivista" que no resuelve la inseguridad.

Registro de Huellas Genéticas: avance en investigaciones

El RPHG centralizará perfiles genéticos para identificar autores de delitos y ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Incluirá a condenados, imputados con cargos, menores con responsabilidad penal y personal de seguridad.

Martina Lacour (PRO UR) lo consideró un "avance para la justicia", mientras que Juan Martín (PRO) destacó que busca "bajar el delito, no llenar las cárceles".

Debates y críticas

El oficialismo celebró la ley como un paso hacia "mayor seguridad". Facundo López (JSRN) afirmó: "Si no quieren estar incómodos en la cárcel, no delincan".

En cambio, la oposición cuestionó la falta de consulta a expertos y la sobrepoblación carcelaria. Luciano Delgado Sempé (Vamos Con Todos) advirtió que "no se puede amontonar gente" sin violar derechos constitucionales, mientras que Fernando Frugoni (CC-ARI) preguntó si existe "una política carcelaria que acompañe este proyecto".