A mediados de junio vence el plazo de prórroga establecido por el Gobierno nacional antes de levantar parcialmente la barrera sanitaria que restringe el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Frente a esto, las entidades ruralistas de la región, con el respaldo de los gobiernos provinciales, solicitaron formalmente la derogación de la medida, argumentando riesgos sanitarios y económicos.

En una nota enviada a las autoridades nacionales, los productores insistieron en la necesidad de que Argentina alcance un único estatus sanitario de "libre de aftosa sin vacunación", siguiendo el ejemplo de Brasil, país que actualmente exporta carne vacuna y porcina al mercado argentino.

Precios y costos en debate

El Gobierno nacional justificó la flexibilización, entre otros aspectos, por su posible impacto en el precio de la carne. Sin embargo, los ruralistas rechazaron esta posibilidad, señalando que el costo de vida en la Patagonia es entre un 20% y un 40% más alto que en el resto del país, un dato reconocido incluso en convenios laborales.

Además, destacaron que el 60% de la carne consumida en la región ya ingresa desde el norte del río Colorado, pero los costos logísticos impiden que llegue a menor precio. Pese a ello, desde que se anunció la medida –aún suspendida–, se registró una baja en los precios: en Viedma, por ejemplo, el asado pasó de $22.000 a $16.000 en un mes.

Cuestionamientos sanitarios

Los productores rechazaron el argumento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que consideró "insignificante" el riesgo de propagación de aftosa en la Patagonia. Recordaron que el mismo organismo mantiene la vacunación obligatoria en el norte del país debido a brotes en Europa y otras regiones.

"Esta valoración del riesgo no puede ignorarse al flexibilizar la barrera", afirmaron, advirtiendo sobre posibles consecuencias sanitarias.

Apoyo político y productivo

La postura ruralista sumó adhesiones clave, incluyendo los gobiernos de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, así como legislaturas locales y empresas como MUCCA Carnes de Origen y Cabaña El Jarillal de Añelo.

En su comunicado, los productores pidieron que la resolución 180/25 sea revisada, considerando "los aspectos sanitarios y comerciales en juego", y propusieron un "programa nacional integral contra la aftosa" que unifique el estatus sanitario del país.

Advertencia sobre el impacto regional

Alertaron que la medida podría afectar gravemente a la producción patagónica, una de las pocas actividades económicas arraigadas en el interior de la región. "Un cambio en las condiciones comerciales podría llevar al abandono de campos, con consecuencias graves para la soberanía territorial", subrayaron.