El Gobierno nacional resolvió por decreto la Reforma Migratoria y estableció nuevas condiciones para que personas extranjeras puedan residir, estudiar o atenderse en el sistema de salud público argentino. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y lleva la firma del presidente Javier Milei y de todos sus ministros.

La nueva normativa impone mayores requisitos para el ingreso, endurece los criterios para acceder a la residencia y limita el uso del sistema de salud público para ciudadanos extranjeros no residentes, con el objetivo de “ordenar el sistema migratorio”, “combatir abusos” y “resguardar recursos estatales”.

El decreto modifica artículos centrales de la Ley 25.871 y deja sin efecto la reforma de 2004, que incorporaba un enfoque de derechos para la población migrante. Con esta decisión, el Gobierno vuelve al esquema restrictivo que estuvo vigente durante los años noventa y que había sido reemplazado por impulso de organismos de derechos humanos y de la comunidad migrante.

Uno de los puntos más sensibles de la Reforma Migratoria está vinculado al acceso a la salud. A partir del nuevo texto, las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro médico o abonar los costos para poder acceder a tratamientos médicos o prestaciones sanitarias habituales.

En tanto, la única excepción prevista será en casos de urgencia. En esas situaciones, los establecimientos de salud deberán brindar atención sin importar el estatus migratorio de la persona, aunque luego podrán reclamar el pago correspondiente al Estado del país de origen.

Reforma migratoria: los extranjeros que no cuenten con residencia, deberán presentar un seguro médico o abonar los costos de tratamientos y prestaciones básicas.

Por otro lado, el decreto también introduce cambios en el acceso a la educación para personas extranjeras. Si bien sostiene que no se podrá excluir a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo en los niveles inicial, primario y secundario, las escuelas tendrán la obligación de reportar a la Dirección Nacional de Migraciones la situación migratoria de las familias y de asesorarlas para que inicien los trámites correspondientes.

En los niveles superiores, como terciarios y universitarios, la normativa deja abierta la posibilidad de exigir requisitos adicionales o condiciones específicas, aunque aún no están reglamentadas. De este modo, el Gobierno “abre la puerta” para avanzar con restricciones futuras a la matrícula de estudiantes migrantes en instituciones públicas.

En paralelo, otro de los ejes de la reforma tiene que ver con la obtención y mantenimiento de la residencia en el país. El decreto redefine las categorías migratorias y establece que las personas extranjeras podrán ser consideradas residentes permanentes, temporarios o transitorios.

Al mismo tiempo, la nueva resolución oficial limita el uso de la “residencia precaria”, que ahora tendrá una vigencia máxima de 90 días y no implicará ningún tipo de derecho adquirido.

La reforma migratoria habilitó nuevas causales de expulsión: entrada por pasos no habilitados, evasión de controles e ingreso con fines de lucro.

Finalmente, la nueva Reforma Migratoria amplía las causales de expulsión y autoriza rechazos inmediatos en frontera en caso de que una persona no cumpla con los requisitos formales, como presentar documentación incompleta o adulterada, ocultar antecedentes penales o declarar un motivo de ingreso y luego realizar actividades distintas.

En ese sentido, la normativa habilita al Estado a rechazar solicitudes de ingreso de personas que hayan cometido delitos, incluso si no fueron condenadas, o que pertenezcan a organizaciones que promuevan la violencia o desconozcan el sistema democrático.

Entre las nuevas causales de expulsión que incorpora el decreto, se destacan el ingreso al país por pasos no habilitados, la evasión de controles migratorios y la facilitación del ingreso irregular de personas con fines de lucro. Además, se podrá expulsar a quienes hayan sido extraditados de forma definitiva desde Argentina o no cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Migraciones.

El nuevo régimen también permitirá computar plazos desde el momento en que una persona fue notificada de una causa de expulsión, incluso si aún no existe resolución firme. Esto podría acelerar los procedimientos administrativos y reducir las posibilidades de defensa de las personas migrantes ante situaciones de posible deportación.

Reforma migratoria: el Gobierno crea un acceso rápido a la ciudadanía para quienes inviertan en el país

El decreto de Reforma Migratoria impulsado por Javier Milei, también incluye un artículo adicional que crea un régimen de “residencia para inversores”. Según este inciso, las personas extranjeras que realicen inversiones en el país podrán tramitar la ciudadanía argentina mediante un procedimiento abreviado, el cual quedará en manos de un organismo dependiente del Ministerio de Economía.

La reforma migratoria incluye un régimen especial para inversores.

Aunque el texto oficial no especifica montos mínimos ni plazos, el objetivo declarado de la administración libertaria es “fomentar la radicación de capitales y atraer perfiles de alto poder adquisitivo”.

Frente a este escenario, la reforma migratoria generó reacciones inmediatas por parte de organizaciones de migrantes, defensores de derechos humanos y sectores de la oposición. En ese sentido, distintos colectivos advirtieron que la nueva norma vulnera tratados internacionales firmados por la Argentina y revierte avances logrados en materia de integración y acceso a derechos.

Asimismo, también señalaron que el decreto contradice el principio de igualdad ante la ley, al establecer condiciones diferentes para el acceso a servicios públicos esenciales según el país de origen o la situación migratoria de las personas.

Desde el Gobierno libertario, en cambio, defendieron la decisión como parte del “reordenamiento general del Estado” y aseguraron que las reformas buscan “evitar que se utilicen recursos públicos en forma abusiva o sin contraprestación”.