El gobierno nacional oficializó este martes dos decretos de alto impacto en el escenario laboral y educativo del país. A través del DNU 340/2025, el presidente Javier Milei amplió el listado de actividades consideradas “esenciales” y limitó fuertemente el derecho a huelga. En paralelo, mediante el DNU 341/2025, eliminó la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal.
Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en la avanzada desregulatoria impulsada por la actual gestión.
El decreto 340/2025 redefine el concepto de servicios esenciales, que hasta ahora incluía solo a los sanitarios, hospitalarios, el suministro de agua potable y energía eléctrica, y el control del tráfico aéreo. A partir de hoy, esa categoría se extiende a actividades como la distribución de medicamentos, servicios farmacéuticos, telecomunicaciones (incluido internet), servicios portuarios y aeronáutica comercial, aduanas y migraciones, educación inicial y secundaria, y el transporte marítimo y fluvial.
La norma impone la obligatoriedad de garantizar un mínimo de funcionamiento del 75% en los servicios esenciales y del 50% en los considerados “de importancia trascendental” durante cualquier conflicto colectivo. “No podrá negociarse una cobertura menor”, advierte el artículo 3 del texto oficial.
Desde el ámbito laboral, el rechazo fue inmediato. El abogado laboralista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, denunció que “se prohíbe hacer huelgas” y calificó la norma como una violación al derecho constitucional de protesta. Remarcó que, según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la categoría de esencialidad sólo debe aplicarse a actividades cuya interrupción ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población.
La diputada nacional Vanina Biasi también repudió la medida y llamó a las centrales obreras a convocar un paro general.
Consultado sobre la decisión, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó precisiones y solo se limitó a señalar que “nada estará fuera de la ley”.

El Estado se corre de la paritaria nacional docente
En paralelo, el Ejecutivo nacional dio otro paso hacia la descentralización del sistema educativo con el DNU 341/2025. Esta norma suprime la participación de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano en la mesa de negociación paritaria nacional docente.
Desde ahora, será el Consejo Federal de Educación —integrado por los ministros de las 24 jurisdicciones— el encargado de acordar con los sindicatos los aspectos clave de la relación laboral: condiciones de trabajo, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente. El rol del Estado nacional quedará reducido a una instancia técnica y fiscal: podrá intervenir únicamente para revisar la viabilidad presupuestaria de los convenios una vez alcanzados.
El fundamento de la medida se apoya en la transferencia previa de los servicios educativos a las provincias, consideradas las empleadoras naturales del sector docente.
Ambos decretos llevan las firmas del presidente Milei y de los principales ministros del gabinete: Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Las medidas reavivan el debate sobre el alcance de las reformas libertarias del oficialismo y anticipan nuevos focos de conflicto con los gremios, tanto en el plano educativo como en el más amplio espectro del mundo del trabajo.