La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro emitió este lunes un dictamen favorable por mayoría a cuatro proyectos de ley, entre los que destacan dos iniciativas que buscan establecer aranceles para extranjeros con residencia transitoria o precaria que utilicen los servicios públicos de salud y educación en la provincia.

Proyecto de salud: cobro por atención a no residentes

Uno de los textos, el proyecto N.º 470/24, presentado por el legislador Javier Acevedo (ARI), propone implementar aranceles en la atención médica del sistema público rionegrino para personas extranjeras sin residencia permanente. Además, prevé la creación de un fondo especial con los ingresos recaudados.

Acevedo aseguró que la iniciativa "no tiene un carácter xenofóbico" y aclaró que se garantizará la atención en emergencias. El objetivo, explicó, es evitar el "turismo sanitario", es decir, el uso del sistema por parte de personas que ingresan al país sin contribuir fiscalmente. Como ejemplo, mencionó que en lo que va del año se atendieron 90 casos en el hospital de El Bolsón y 100 en Bariloche bajo estas condiciones.

El proyecto también contempla la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otros países para que los rionegrinos reciban atención gratuita en el exterior, eximiendo del pago a extranjeros de naciones con acuerdos vigentes.

Educación superior también incluida

En la misma línea, la comisión respaldó el proyecto N.º 307/25, impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, que propone establecer aranceles para los servicios de educación superior dirigidos a extranjeros en situación migratoria irregular o temporal.

Próximos pasos

Ambas iniciativas serán tratadas en el recinto en las próximas sesiones. De aprobarse, marcarían un cambio en el acceso a los servicios públicos provinciales, buscando "ordenar la demanda" y garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de restricciones presupuestarias y emergencia sanitaria.

Los impulsores insisten en que la medida no busca restringir derechos, sino regular el uso de recursos públicos frente a situaciones de migración no permanente. Sin embargo, el debate promete continuar, con posibles cuestionamientos desde sectores defensores de los derechos de los migrantes.