En una nueva instancia de negociación paritaria desarrollada este jueves en Viedma, el Gobierno de Río Negro reafirmó su decisión de no avanzar con un nuevo incremento salarial para el mes de mayo, alegando que la propuesta vigente responde a las posibilidades reales del Estado en el actual contexto económico. La respuesta de los gremios ATE y UPCN fue inmediata y categórica: rechazaron de plano la postura oficial, cuestionaron los argumentos expuestos y denunciaron un “congelamiento salarial encubierto”.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Hacienda, los funcionarios provinciales defendieron el “esfuerzo sostenido” en materia salarial pese a la fuerte caída de ingresos, especialmente los de origen nacional, producto de la recesión y el ajuste fiscal. Las autoridades presentes —entre ellas Tania Lastra (Función Pública), Natalia Crociati (Hacienda) y Agustín Ríos (Gobierno)— subrayaron que el Ejecutivo logró mantener los salarios por encima de la inflación durante el primer trimestre, sin comprometer el funcionamiento de los servicios esenciales.

Sin embargo, fueron claros en remarcar que “no es posible una nueva propuesta de aumento para mayo”, debido a las limitaciones presupuestarias. Según indicaron, cualquier mejora podría poner en riesgo el pago de haberes y la operatividad del Estado.

Desde la vereda opuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza la falta de respuestas del Ejecutivo. Su secretario general, Rodrigo Vicente, sostuvo que “el Gobierno miente y a través de su relato intenta ocultar que los costos del ajuste que sufren las provincias salen de los bolsillos de los agentes públicos”. Además, calificó como “inconsistentes” los datos presentados por Hacienda y afirmó que los incrementos otorgados quedaron por debajo de la inflación. Ante este escenario, ATE declaró el estado de alerta y activó asambleas en todos los organismos provinciales para discutir un plan de acción.

La postura de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también fue crítica. En un comunicado emitido tras la reunión, el gremio expresó su “más enérgico repudio respecto a la no propuesta salarial” y consideró inaceptable la falta de voluntad política para abordar la creciente brecha entre los ingresos de los trabajadores estatales y el costo de vida. La dirigenta Mónica Miranda solicitó una instancia de revisión y advirtió que la situación “es grave y requiere soluciones urgentes”.

Con las posiciones enfrentadas y sin avances concretos, las partes acordaron un cuarto intermedio, aunque no se estableció fecha para una nueva convocatoria.