El fiscal Guillermo Ortiz desestimó la denuncia penal presentada por las legisladoras opositoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos) contra la exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por presunto abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública en relación con un convenio firmado con la empresa estatal israelí Mekorot.
El acuerdo, suscrito en 2023 a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tenía como objetivo la realización de una consultoría técnica para definir lineamientos de uso sostenible de los recursos hídricos de la provincia. Las denunciantes argumentaron que Carreras se extralimitó en sus funciones al intervenir en competencias que correspondían al Departamento Provincial de Aguas (DPA) y que el convenio fue inconsulto, sin participación provincial, implicando una supuesta entrega de soberanía a una entidad extranjera.
En su resolución, Ortiz señaló que la Provincia no fue parte directa del convenio entre el CFI y Mekorot, por lo que Carreras no estaba obligada a informar a la Legislatura ni a publicar el acuerdo en el Boletín Oficial. Además, destacó que el DPA participó en las etapas preliminares del proyecto y que parte de los estudios ya fueron entregados a la provincia, desestimando la acusación de confidencialidad.
El fiscal concluyó que no se configuró delito alguno en la actuación de Carreras, ya que no hubo abuso de poder ni incumplimiento de deberes, y que no existió un accionar doloso por parte de la exmandataria. Por lo tanto, decidió archivar la denuncia presentada por las legisladoras.
El estudio hídrico realizado por Mekorot tuvo un costo de un millón de dólares, financiado por el CFI. Se espera que la consultoría finalice a fines de mayo de este año.