Con preocupación y firmeza, los bloques legislativos del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto de Declaración en rechazo al plan de ajuste que impulsa el Gobierno Nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La iniciativa parlamentaria denuncia el desfinanciamiento del organismo, la eliminación de agencias de extensión rural y la reestructuración de áreas clave como Agricultura Familiar. Medidas que, advierten, ponen en riesgo la continuidad de los servicios técnicos, científicos y productivos que hoy son esenciales para miles de pequeños y medianos productores en todo el país, y particularmente en Río Negro.

"Defender al INTA es defender la producción nacional, el arraigo rural y el conocimiento científico aplicado al territorio", afirman los legisladores firmantes del proyecto: Ana Marks, Daniel Belloso, Leandro García, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao.

Desde la Legislatura, se propone declarar de interés estratégico y prioritario al conjunto de actividades que desarrolla el INTA, subrayando su rol fundamental en el fortalecimiento del sector agropecuario, el desarrollo de las economías regionales y la construcción de soberanía alimentaria.

En el texto, se recuerda el impacto positivo que el organismo ha tenido en Río Negro a través de sus tres Estaciones Experimentales Agropecuarias (Bariloche, Allen y Viedma), once agencias de extensión rural, dos campos experimentales y su colaboración histórica con instituciones como el CONICET y el IDEVI.

Los recortes anunciados por el Consejo Directivo del INTA –que incluyen la eliminación de 41 agencias de extensión en todo el país, el cierre de Plataformas de Innovación Territorial y la reducción de su planta de personal a niveles de los años 90– son vistos como una amenaza directa a la calidad del trabajo científico y al entramado productivo que sostiene la ruralidad argentina.

Los legisladores advierten que este ajuste "atenta contra décadas de trabajo sostenido junto a productores y comunidades locales", y exigen la revisión urgente de estas políticas que, de concretarse, "podrían destruir una de las instituciones más valiosas del Estado nacional".