En el marco de una causa por la sustracción de celulares pertenecientes al Poder Judicial de Río Negro, cinco personas —dos hombres y tres mujeres— fueron imputadas por encubrimiento, acusadas de haber comprado o recibido los dispositivos "a sabiendas de su procedencia delictiva". Los allanamientos, realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense, permitieron avanzar en la investigación.

El robo y la pista de los IMEI

Los teléfonos fueron robados el 9 de noviembre de 2024 durante su traslado desde Buenos Aires hacia Viedma, como parte de una compra realizada por el Ministerio Público rionegrino. Según la fiscalía, los imputados activaron los equipos bajo su nombre ese mismo día, con pocas horas de diferencia respecto al arribo del envío a destino, lo que sugiere que el hurto ocurrió durante el transporte o en la empresa de encomiendas.

La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) rastreó los IMEI de los dispositivos, lo que permitió ubicar su uso en Rafael Calzada, Almirante Brown, Claypole, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. De los 40 celulares comprados, solo 29 llegaron a Viedma, mientras que dos fueron recuperados en allanamientos.

Pruebas y colaboración interjurisdiccional

La formulación de cargos se realizó por Zoom, basada en testimonios de empleados judiciales, remitos de la empresa transportista y los informes técnicos. La pesquisa contó con el apoyo del Ministerio Público Fiscal bonaerense, ya que el delito habría ocurrido en esa provincia.

La fiscalía profundiza aún en las circunstancias del robo y no descarta nuevas imputaciones. Mientras tanto, los cinco acusados enfrentan cargos por encubrimiento, con penas que podrían llegar a los 6 años de prisión.