La defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, participará el próximo lunes 31 de la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que se llevará a cabo en Cipolletti. La convocatoria surge a partir de un pedido de la empresa distribuidora de energía eléctrica (EDERSA) para actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD) no salarial.
“La audiencia pública permite escuchar todas las voces frente a una solicitud que afecta directamente a los usuarios del servicio eléctrico”, explicó Santagati. En este caso, la distribuidora solicita un aumento del componente no salarial de la tarifa, ya que el ítem salarial se actualiza automáticamente por ley.
La defensora señaló que no le resulta extraño que la empresa haya salido públicamente a justificar su pedido: “Cuando se solicita un aumento, hay una obligación de presentar los fundamentos. Lo que nosotros cuestionamos es justamente la validez de esos argumentos”.
Según Santagati, uno de los puntos críticos es el uso del índice inflacionario como justificación para el incremento. “Está contemplado en el marco regulatorio, pero no puede utilizarse de forma abusiva. En lugar de mejorar la gestión, se termina trasladando todo al usuario”, advirtió. Además, mencionó inconsistencias en la presentación de los costos reales y valores de mercado.
Otro aspecto que genera preocupación es el intento de la empresa de trasladar los riesgos empresariales a la ciudadanía. “Incluyen en el pedido de aumento las pérdidas generadas por eventos climáticos en Allen y Fernández Oro, y los incendios en El Bolsón. Toda actividad empresarial conlleva un riesgo, pero eso no debe ser absorbido por los usuarios”, remarcó.
Desde la Defensoría del Pueblo, insistirán en la necesidad de que el EPRE analice el impacto social de cualquier incremento tarifario: “Nuestra posición siempre es exigir que se contemple cómo estas decisiones afectan las economías familiares. Es nuestra mirada habitual en cada audiencia”.

Repercusiones por recortes a organismos de control
En otro tramo de la entrevista, Santagati se refirió a la situación nacional tras la decisión del gobierno central de desmantelar o recortar funciones a diversos organismos de control, como ENACOM. En este contexto, aseguró que han recibido una mayor cantidad de reclamos por parte de los ciudadanos.
Un ejemplo concreto es el tratamiento de los beneficios previsionales por discapacidad. “Hemos recibido casos de personas notificadas por correo privado para presentarse a una reevaluación en el hospital regional de Bahía Blanca. Esto muestra un total desconocimiento del territorio por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad”, denunció.
Santagati fue enfática en aclarar que no se oponen a que se revisen los beneficios: “Creemos que los recursos deben llegar a quienes realmente los necesitan, y hay que corregir lo que esté mal. Pero eso debe hacerse bajo el principio de progresividad de derechos, nunca desde un enfoque regresivo”.