En un operativo conjunto llevado a cabo cerca de la ruta nacional 250, entre San Javier y Guardia Mitre, la Secretaría de Trabajo de Río Negro rescató a un grupo de trabajadores provenientes de la provincia de Corrientes. La intervención estuvo a cargo del subsecretario de Fiscalización, Sumarios y Multas, Sergio Ortiz, junto a un equipo de inspectores del área.

Durante el procedimiento, los inspectores realizaron un relevamiento de los trabajadores y exigieron a la empresa responsable la documentación que acredite la relación laboral con cada uno de ellos. Además, se verificaron las condiciones de higiene y seguridad en las viviendas donde residían los empleados.

El operativo contó con la participación del Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, así como de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. La intervención de estos organismos permitió evaluar la posible existencia de explotación laboral y eventuales violaciones a la normativa vigente.

La Secretaría de Trabajo mantiene estas inspecciones de manera continua en todo el territorio rionegrino. Durante el año pasado, se realizaron 4.068 fiscalizaciones en distintas regiones de la provincia y se relevaron 21.679 trabajadores. Estas acciones buscan detectar situaciones de trata laboral, considerando factores como las condiciones de captación y traslado de los empleados, el cumplimiento de la jornada laboral y el pago de salarios adecuados, así como la existencia de restricciones de movilidad y acceso a condiciones de vida dignas.

En caso de sospecha de trata laboral, la intervención de la Justicia Federal y otros organismos especializados es clave para garantizar la protección de las víctimas y la judicialización de los responsables. La Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, establece que la explotación laboral se configura cuando hay abuso de la vulnerabilidad, condiciones degradantes o cuando se impide a la persona disponer libremente de su trabajo.

La articulación entre diferentes instituciones resulta fundamental para erradicar este tipo de delitos y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en la provincia de Río Negro.