El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra una empleada judicial, acusándola de haber fraguado un certificado médico para extender su licencia en 10 días más de lo prescripto. Durante ese período, la agente no concurrió a su puesto de trabajo, lo que generó un perjuicio efectivo a la administración pública provincial.

Según la acusación, el hecho ocurrió entre el 5 y el 26 de diciembre del año pasado. La imputada habría alterado un certificado médico expedido por una profesional, agregándole el número "1" delante del "7", sumando así 10 días adicionales de licencia. Este documento fue presentado a través de las vías regulares de la institución para justificar su ausencia.

En la audiencia, el fiscal del caso expuso las pruebas recolectadas en la investigación. Entre ellas, se destacan los informes de análisis técnicos de la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones (OITEL), que permitieron recuperar un chat entre la agente y personal del Poder Judicial donde se evidencia la presentación del certificado adulterado.

Además, se cuenta con el informe del área contable del Ministerio Público, que detalla el perjuicio económico ocasionado, la declaración de la médica que emitió el certificado original y los informes de los organismos de Recursos Humanos, responsables de gestionar las licencias.

La defensa pública penal representó a la acusada y no presentó objeciones a la formulación de cargos, al considerar que se cumplen los requisitos legales para la imputación. Durante la audiencia, la empleada judicial hizo uso de su derecho a declarar.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos en su contra, considerándola autora de los delitos de uso de certificado falso y fraude a la administración pública, según los artículos 45, 54, 296 en función del 292 y 174 inciso 5 del Código Penal.

De manera paralela, la Procuración General lleva adelante diversas actuaciones administrativas en el marco de la investigación.