Tras un 2024 marcado por una inflación del 117,8% y recortes en fondos, las provincias enfrentan desafíos para equilibrar salarios y presupuestos. La Coparticipación Federal cayó un 10%, afectando la capacidad de negociación.
Desde el Gobierno nacional proyectan una inflación del 18,3% para 2025. Sin embargo, los mercados estiman un índice más cercano al 30%, lo que genera incertidumbre. La ausencia de un Presupuesto aprobado agrava el panorama.
En las provincias, los ajustes en las transferencias discrecionales impactaron severamente. Estas disminuyeron un 76% en 2024, dificultando aún más la gestión salarial. El sector público perdió un 15% en términos reales respecto a 2023.
Los ingresos de los trabajadores informales también se vieron afectados. Según el CIFRA, registraron un deterioro superior al 10% en el último trimestre de 2024. El salario mínimo real retrocedió a niveles de la década de 1990.
Frente a este escenario, los acuerdos cortos que predominaron en 2024 pierden atractivo. Los gobernadores, entre ellos el de Río Negro, consideran que los convenios cuatrimestrales o incluso semestrales podrían estabilizar las negociaciones. Buscan reducir la presión inflacionaria y brindar certidumbre a los trabajadores.
El ajuste financiero en las provincias obliga a priorizar la eficiencia. Muchas administraciones implementaron medidas de contención para preservar recursos y atender demandas laborales. Los gremios, por su parte, exigen aumentos que recuperen el poder adquisitivo perdido.
Aunque algunos sectores económicos muestran signos de recuperación, la incertidumbre predomina. Los sindicatos cuestionan las proyecciones inflacionarias oficiales y exigen cláusulas gatillo que garanticen actualizaciones periódicas.
El impacto de las negociaciones paritarias será clave en sectores sensibles como la educación y la salud. Ambos dependen de presupuestos provinciales, que hoy están sujetos a estrictas restricciones.
No se descarta la posibilidad de bonos no remunerativos. Estos permitirían atender urgencias salariales sin comprometer el equilibrio fiscal a largo plazo. No obstante, los gremios consideran insuficientes estas soluciones temporales.