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El fuero Contencioso Administrativo de Viedma rechazó una demanda contra la Municipalidad de Viedma iniciada por un hombre que compró un colectivo que llevaba más de un año y medio secuestrado en un predio oficial. El demandante reclamaba una reparación económica tras denunciar faltantes mecánicos y roturas al momento de retirar la unidad, pero la Justicia desestimó el pedido al determinar que no logró probar en qué momento exacto se produjeron los deterioros.

El conflicto judicial se originó a partir de un operativo de tránsito realizado en noviembre de 2018 sobre el bulevar Héroes de Malvinas. En aquella oportunidad, inspectores municipales retuvieron el rodado porque su conductor circulaba sin el seguro obligatorio ni la habilitación correspondiente, trasladándolo a la Base 86 del Cuerpo de Seguridad Vial, en inmediaciones del puente ferrocarretero.

Tras permanecer más de 19 meses inmovilizado en ese depósito, un comprador interesado gestionó en junio de 2020 la verificación policial del vehículo para avanzar con su adquisición. La transferencia se concretó oficialmente el 1 de julio de 2020, fecha en la que el demandante quedó registrado como nuevo titular.

Casi un mes después, el 27 de julio de 2020, la comuna formalizó la restitución del transporte. Sin embargo, apenas cuarenta y ocho horas más tarde, el propietario presentó una nota ante la Agencia Local de Seguridad Vial denunciando graves faltantes: aseguró que le habían sustraído las computadoras del motor y de la transmisión, las baterías y piezas clave del sistema de frenos, además de reportar daños en el parabrisas, la carrocería y las luces reglamentarias.

Con el respaldo de un acta notarial labrada en diciembre de ese mismo año, fotografías y el informe de un ingeniero mecánico, el dueño del vehículo demandó al municipio dos años después. En su presentación judicial exigió el pago de los arreglos, una indemnización por el lucro cesante al no poder trabajar con la unidad, los gastos de peritajes y una compensación por daño extrapatrimonial, argumentando que las condiciones del predio facilitaron los robos y roturas.

Por su parte, la defensa de la Municipalidad de Viedma solicitó el rechazo de la acción judicial al advertir que la compra se había concretado mucho tiempo después del secuestro inicial. Asimismo, remarcaron que al firmar el acta de restitución, el nuevo propietario no dejó asentada ninguna observación ni disconformidad sobre el estado general del colectivo.

Al evaluar el expediente, el tribunal dividió el análisis en dos etapas temporales para determinar posibles responsabilidades. Respecto al primer tramo —desde el secuestro en noviembre de 2018 hasta la compra el 1 de julio de 2020—, el fallo estableció que el actor carecía de legitimación para reclamar, ya que no era dueño del rodado ni contaba con una cesión de derechos del titular anterior.

En cuanto al segundo período —los 26 días transcurridos entre la transferencia y la entrega formal—, la Justicia señaló que, si bien el vehículo ya pertenecía al demandante y seguía bajo guarda estatal, las pruebas aportadas eran insuficientes para demostrar que los daños hubieran ocurrido precisamente en ese breve lapso.

"La obligación municipal de conservar el colectivo no implicaba responder automáticamente por cualquier daño, sin acreditar cuándo ocurrió y su relación con una actuación u omisión municipal."

Finalmente, la sentencia ponderó que la constatación de la escribana se efectuó más de cuatro meses después de la entrega y que la unidad permaneció físicamente en el predio por decisión del propio dueño tras la restitución del 27 de julio de 2020, fecha en la que cesó legalmente el deber de custodia del municipio.


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Autor: Adminn25