La legisladora Aimé Kircher (JSRN) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro que busca crear un marco provincial para formar, certificar e insertar laboralmente a conductoras mujeres en sectores estratégicos como la energía, la minería, la logística y el transporte de cargas. La iniciativa toma como punto de partida las marcadas brechas de género que persisten en industrias históricamente masculinizadas, planteando que la incorporación de las trabajadoras resulta “una estrategia necesaria para ampliar y diversificar la disponibilidad de recursos humanos calificados” frente al desarrollo productivo rionegrino.

El proyecto designa a la Secretaría de Trabajo como la autoridad de aplicación encargada de diseñar los programas de capacitación, la orientación laboral, la certificación de competencias y la articulación directa con el sector privado. En cuanto a los contenidos curriculares, la propuesta estipula que la formación profesional abarcará la conducción de camiones y vehículos de gran porte, nociones de seguridad vial, mecánica básica y la operación específica en entornos mineros y petroleros.

Para garantizar el acceso de las postulantes y reducir los condicionantes económicos, el marco normativo prevé que la autoridad de aplicación gestione mecanismos de apoyo y la gratuidad total en los cursos de formación. Asimismo, la ley establece la creación de un registro oficial de egresadas donde se inscribirán las mujeres que completen satisfactoriamente las instancias de capacitación, facilitando la difusión de sus perfiles profesionales entre las empresas demandantes del rubro.

Por otro lado, la iniciativa incluye un esquema de incentivos para las firmas y organizaciones que favorezcan la contratación efectiva de las conductoras certificadas, invitando a su vez a los distintos municipios rionegrinos a adherir a la propuesta.

Uno de los ejes destacados por la parlamentaria es que la implementación del programa funcionará “sin crear una estructura administrativa específica por vía legislativa”, optimizando los recursos y organismos ya existentes dentro del Estado provincial para “fortalecer las políticas provinciales de promoción del empleo, la formación profesional y la igualdad de oportunidades”.

Finalmente, el texto normativo impone a la Secretaría de Trabajo la obligación de publicar un informe anual de seguimiento, con indicadores precisos sobre la cantidad de mujeres capacitadas, las certificaciones otorgadas en el período y la nómina de empresas privadas participantes en la inserción laboral.