Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone que la provincia adhiera al régimen nacional de desfederalización de drogas para investigar y juzgar los delitos de microtráfico de sustancias estupefacientes y tenencia para consumo personal. La iniciativa, impulsada por los legisladores María Laura Frei y Juan Martín (PRO), busca traspasar la competencia de la venta minorista desde la Justicia Federal hacia el fuero penal rionegrino para dar respuestas más ágiles ante el delito territorial.

La propuesta parlamentaria plantea adherir formalmente al artículo 34 de la Ley Nacional N° 23.737, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.052. Mediante este marco normativo, la provincia asumiría la jurisdicción sobre los supuestos expresamente transferidos, aclarando en sus fundamentos que la medida no alcanza a las estructuras complejas del narcotráfico, sino a la comercialización a menor escala que impacta de forma directa en los barrios.

Para poner en marcha el esquema, el texto prevé la creación de la Unidad Temática Fiscal Especializada en Microtráfico dentro del Ministerio Público Fiscal. El nuevo organismo estará facultado para diseñar estrategias de persecución penal específicas y establecer protocolos de investigación orientados a desactivar búnkeres y aguantaderos. La organización interna y la asignación de recursos humanos quedará bajo la órbita de las autoridades del propio Ministerio Público.

En materia de persecución penal, el proyecto faculta al Ministerio Público Fiscal a fijar criterios de oportunidad y priorizar aquellos casos que revistan mayor gravedad. Entre los supuestos a jerarquizar se destacan la comercialización en espacios públicos, el uso de armas de fuego y la captación o utilización de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad para el menudeo.

En el aspecto económico e institucional, la norma dispone que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante la Nación las transferencias de créditos presupuestarios contempladas en la Ley N° 26.052. No obstante, hasta tanto se efectivicen dichos envíos de fondos, la provincia quedará habilitada para realizar las reestructuraciones partidas necesarias. Asimismo, se establece que el dinero de las multas aplicadas y el producido de los bienes decomisados sean destinados a reforzar áreas de seguridad, investigación judicial y programas de asistencia a las adicciones.

Al argumentar la necesidad del cambio, Frei y Martín señalaron que la principal motivación es “la sobrecarga del sistema federal y la demora con la que a veces intervienen en denuncias” de carácter barrial. En ese sentido, remarcaron que provincias como Buenos Aires —que adhirió en 2005—, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya aplican este sistema, lo que permitirá a Río Negro abordar la problemática desde “una perspectiva coordinada, territorial y respetuosa de las garantías constitucionales”.