Representantes del Poder Judicial de Río Negro participaron en Salta del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que reunió a más de 1.800 especialistas de todo el país junto a referentes de organismos nacionales e internacionales. Durante dos jornadas, el debate central estuvo enfocado en las pautas de aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil, la necesidad de contar con procesos judiciales especializados y el cumplimiento de los estándares internacionales en las intervenciones con adolescentes en conflicto con la ley.

La delegación rionegrina estuvo integrada por las juezas del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y Cecilia Criado, la magistrada del Tribunal de Impugnación Rita Custet y la relatora General del Superior Tribunal de Justicia Romina Bruno. La actividad académica incluyó ponencias del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA) y de UNICEF Argentina, organismo que expuso sobre el enfoque de la justicia restaurativa en los procesos penales de personas menores de edad.

"El encuentro analizó la implementación de la nueva normativa, la necesidad de procesos especializados y los estándares que deben regir las intervenciones con adolescentes."

El programa sumó informes de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, así como de dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como la UNODC —con foco en programas alternativos al encierro ante consumos problemáticos— y el ILANUD, a cargo del cierre sobre medidas socioeducativas. Asimismo, 150 equipos multidisciplinarios de diversas provincias trabajaron en talleres sobre el impacto de las tecnologías, salud mental y abordajes interdisciplinarios.

La representación de la provincia se enmarca en una agenda institucional continua en materia de minoridad. Río Negro posee registros oficiales actualizados sobre la justicia penal juvenil: durante el primer semestre de 2026 se iniciaron 10 causas que involucraron a 13 adolescentes. En ese período se dictaron 62 medidas o sentencias a 53 jóvenes, de las cuales 61 correspondieron a sanciones no privativas de la libertad y solo una implicó la privación de la libertad, según datos del Centro de Planificación Estratégica provincial.