La Defensa Pública presentó un nuevo planteo en la décima audiencia por la causa de certificados médicos falsos, advirtiendo que un solo profesional no puede garantizar una representación técnica efectiva a 14 empleados imputados. El defensor penal Camilo Curi sostuvo que la coexistencia de múltiples teorias del caso e intereses contrapuestos compromete el derecho de defensa y la validez del proceso judicial.

El caso investiga la presunta utilización de documentación apócrifa para justificar inasistencias laborales, un esquema que involucra a cerca de 200 agentes policiales. Curi explicó que las decisiones individuales de los procesados podrían alterar la situación procesal de los demás y generar conflictos éticos dentro de la defensa pública.

"La intervención de la Defensa Pública no puede limitarse a una representación formal, sino que debe garantizar una defensa técnica activa, efectiva e individualizada."

Además de solicitar mecanismos de composición pacífica del conflicto que eviten una respuesta puramente sancionatoria, la defensa reiteró el pedido de incompetencia territorial. Los abogados sostienen que la causa no debe tramitarse en Viedma, debido a que la entrega de los certificados se realizaba en General Roca y las ausencias ocurrieron en dependencias del Alto Valle.

Por su parte, la Fiscalía y la Fiscalía de Estado rechazaron las peticiones. La acusación ratificó la competencia de la capital provincial por ser la sede administrativa del Estado perjudicado y argumentó que la excusación del defensor debe resolverla el Defensor General. El ciclo de audiencias excepcionales continuará el 10 de noviembre con los últimos siete imputados.