Un proyecto de ley que propone la creación de un registro provincial de personas sancionadas y condenadas por hechos de maltrato y crueldad animal avanzó con dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones en la Legislatura. La iniciativa, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), busca dotar al Estado de nuevas herramientas institucionales para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección de los animales, según confirmaron autoridades del Gobierno de Río Negro.

Durante su exposición defensiva, la autora parlamentaria aclaró que la medida se aplicará exclusivamente ante sentencias firmes: “Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”. En ese contexto, remarcó que la norma no busca incorporar a ciudadanos por simples denuncias, y enfatizó la trascendencia de la propuesta en el plano nacional: “Sería la primera ley en la Argentina de estas características”.

Inhabilitación, capacitaciones y pérdida de beneficios

El articulado del proyecto establece que quienes ingresen a la nómina del registro tendrán prohibido tener animales a su cargo de manera estricta. Asimismo, las personas sancionadas deberán realizar obligatoriamente, dentro de los primeros seis meses posteriores a la inscripción, un curso de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar animal y tenencia responsable, dictado por profesionales especializados del Ministerio Público.

El esquema punitivo contempla también sanciones económicas e institucionales. En caso de incumplimiento de las obligaciones dispuestas por la futura ley, los infractores sufrirán la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales. Para asegurar su aplicación, la autoridad reguladora articulará mecanismos de comunicación directa con las agencias de recaudación tributaria correspondientes.

La nómina incluirá a personas con sanciones administrativas firmes por infracciones de cuidado responsable, reincidentes por maltrato, abandono o crueldad, personas con condenas penales firmes bajo la Ley Nacional 14.346 o sancionadas mediante el artículo 58 del Código Contravencional. En todos los supuestos, la incorporación requerirá una resolución firme que garantice el debido proceso y el derecho de defensa.

El rol del Ministerio Público y la autoridad de aplicación

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático actuará como la autoridad de aplicación responsable de la administración, actualización y resguardo de los datos, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. La información de los sancionados se actualizará periódicamente mediante una publicación anual en el Boletín Oficial.

Respecto a la evolución en las investigaciones de estos delitos, la parlamentaria resaltó el trabajo de los fiscales al señalar que “generalmente estos casos antes se archivaban, no se les daba importancia”, agregando que actualmente existe un cambio de paradigma donde las fiscalías investigan “hasta las últimas consecuencias los casos de maltrato y crueldad animal”, en concordancia con la Instrucción General 2/20 de la Procuración General.

Antecedentes judiciales que fundamentan la norma

Entre los casos judiciales incorporados como antecedentes figuran la condena por la muerte del perro Terranova Byron en General Roca (2020); la causa con prisión efectiva por la faena clandestina de dos yeguas en la misma localidad; las imputaciones en San Antonio Oeste por la brutal agresión al perro Roco y el abandono extremo del caniche Pilincho; y el acuerdo alternativo en Cipolletti tras la muerte de la perra Luna.

En la zona atlántica y la capital se sumaron las actuaciones por el disparo contra la perra Chiqui en San Javier (2025); la investigación por el ataque cortante a Luna en Viedma (febrero de 2026); y el secuestro en San Juan de 29 cardenales amarillos sustraídos en el balneario La Lobería.

Tras obtener dictamen en las comisiones de trabajo, la propuesta parlamentaria aguarda su turno de debate en el recinto legislativo. Al respecto, la legisladora concluyó: “Ojalá que esta ley reciba el apoyo unánime de todos los legisladores y legisladoras y tengamos este antecedente como una provincia pionera en el país en materia de derecho animal”.