Río Negro enfrenta la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil nacional sin definiciones operativas ni presupuesto asignado para su implementación. La normativa, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, exige que la provincia adapte su legislación interna, defina espacios de alojamiento adecuados y determine un sistema de custodia especializado para los menores imputados.

Frente a este escenario, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CONIAR) impulsó una reunión para consolidar los aportes de diversas instituciones al proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil presentado por el Superior Tribunal de Justicia.

"Estamos ante un escenario que requiere que Río Negro pueda avanzar en una normativa propia, construida desde nuestra realidad y con la participación de quienes trabajan todos los días con las adolescencias", afirmó Maricel Cévoli, presidenta del CONIAR.

Actualmente, el Ministerio de Seguridad no ha establecido centros de detención ni ha acordado la capacitación de personal especializado. Ante la falta de infraestructura, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ofreció mantener el esquema actual en los centros CAINA, aunque advirtió que requiere al menos el doble de su presupuesto actual para cumplir con los requerimientos operativos.

Por su parte, el Poder Judicial tampoco ha emitido directivas claras a las defensorías de menores. Fuentes oficiales confirmaron en reserva que la aplicación de la norma resultará compleja debido a la falta de partidas financieras y al desacuerdo entre los distintos poderes del Estado.