El legislador Leandro García adelantó que el bloque PJ-Nuevo Encuentro no le dará el aval al convenio firmado entre la provincia de Río Negro y el Gobierno nacional para el traspaso de las rutas nacionales. El parlamentario justificó la negativa al señalar que la administración provincial estaría aceptando una responsabilidad directa sobre la infraestructura vial sin recibir los fondos necesarios para su mantenimiento y financiamiento.

Según explicó el referente de El Bolsón, la provincia asumiría el control y mantenimiento de trazados clave como las rutas nacionales 22 y 151, altamente impactadas por el tránsito pesado hacia la formación de Vaca Muerta. Sin embargo, advirtió que el 65% del presupuesto provincial depende de recursos nacionales y que los usuarios ya aportan al mantenimiento mediante el impuesto a los combustibles que recauda el Estado nacional.

«No lo vamos a votar, no queremos ser cómplices de esto. Sumar otra responsabilidad sin los recursos me parece de una irresponsabilidad profunda».

Durante la comisión plenaria, García remarcó que aceptar este acuerdo implica "resignarse a no exigir los recursos que corresponden por ley". Asimismo, detalló que algunos de los tramos más deteriorados no podrían intervenirse de forma inmediata por la existencia de contratos vigentes, por lo que consideró que la medida no constituye una solución de fondo para el deterioro vial.

Entre los riesgos señalados, el legislador enfatizó el costo financiero que generará para futuras gestiones y la posibilidad de que la provincia deba readecuar partidas asignadas a educación, salud y seguridad, o comprometer el pago de deuda en dólares. También alertó sobre la responsabilidad civil y penal que asumiría el Estado rionegrino ante eventuales accidentes de tránsito en las calzadas traspasadas.

Finalmente, el bloque ratificó su postura de cara al tratamiento del proyecto en el recinto y sostuvo que la provincia debe reclamar con firmeza los fondos que le corresponden ante la Nación, sin descartar la posibilidad de acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias viales.