El juez Adrián Dvorzak declaró la falta de acción y ordenó el archivo de las actuaciones en la causa que investigaba el acceso indebido a los sistemas informáticos del Gobierno de la Provincia de Río Negro. La resolución judicial determina que el Ministerio Público Fiscal carece de facultades para proseguir la investigación de oficio por tratarse de un delito de instancia privada.

El caso inició a fines de junio de 2026 tras una denuncia penal del Ejecutivo provincial por la sustracción y difusión de documentación confidencial, entre la que figuraban los recibos de haberes del gobernador Alberto Weretilneck y otros funcionarios.

Las pericias de la empresa estatal ALTEC identificaron que el ingreso no se realizó mediante un hackeo externo, sino a través de un empleado público que utilizó credenciales de usuario y contraseña para extraer la información. La firma tecnológica resguardó la unidad de procesamiento central (CPU) involucrada para las pericias correspondientes.

En el marco de las audiencias celebradas en Viedma, el abogado defensor Santiago Güenumil planteó la excepción de falta de acción. La postura fue ratificada por el magistrado sobre la base del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro.

"El artículo 73, en su inciso segundo, habla de violación de secretos y privacidad (...) entiendo que los delitos que se están empezando a investigar abarcan hechos que reflejan la necesidad de una acción privada", sostuvo el juez Adrián Dvorzak al argumentar el fallo.

Ante la resolución dictada en los términos del artículo 95 inciso 2 del Código Procesal Penal, la fiscal Yanina Estela Passarelli opuso resistencia a la decisión del tribunal. La fiscalía argumentó que la conducta encuadra en el artículo 153 bis del Código Penal (acceso ilegítimo a un sistema informático) y confirmó que interpondrá un recurso de revocatoria en un plazo de cinco días.

De confirmarse la resolución judicial, la causa solo podrá reactivarse si el gobernador Alberto Weretilneck decide impulsar la querella de manera particular mediante un abogado privado.