La discusión sobre el destino de más de 280 hectáreas de tierras fiscales municipales en San Antonio Oeste y Puerto del Este escaló al plano provincial. La legisladora Ayelén Spósito, junto a un bloque de parlamentarios, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Río Negro para determinar la intervención de las áreas estatales en el desarrollo de parques industriales y logísticos impulsados por un grupo privado.

La solicitud formal, ingresada ante la Cámara, está dirigida a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y a la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca. El proyecto, previamente declarado de interés por el Concejo Deliberante local, generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición municipal.

"El grupo privado no realizaría un desembolso inicial y el pago equivaldría a solo el 23% del valor fiscal de las tierras, una vez comercializados los espacios."

El concejal de Cambia Río Negro, Matías Rodríguez, advirtió que la cesión comprometida abarca una superficie superior a las 280 hectáreas. Según el edil, el esquema financiero propuesto no exige un pago inicial al municipio, sino desembolsos posteriores a la ejecución de obras y comercialización. Asimismo, señaló que el valor fijado representa una fracción del precio fiscal, afectando los recursos que deberían destinarse al desarrollo urbano integral.

Entre las objeciones principales destacan el impacto urbano y ambiental. Opositores remarcan que la instalación de un parque industrial cerrado en esa ubicación funcionaría como una barrera para la expansión de la trama urbana. También cuestionaron la falta de participación de colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, así como la ausencia de debates profundos sobre la factibilidad ambiental.

El pedido de informes busca precisar si existen expedientes en trámite bajo la Ley 5767, qué reuniones mantuvieron los desarrolladores con funcionarios provinciales y si se elaboraron dictámenes técnicos en materia de infraestructura, provisión de servicios y planificación territorial. La tensión institucional derivó semanas atrás en un fuerte cruce verbal entre Rodríguez y el legislador Luis Noale (Juntos Somos Río Negro), quien posteriormente ofreció disculpas tras el incidente.

Aunque la iniciativa se encuadra en las altas expectativas económicas de la región vinculadas a los proyectos de Vaca Muerta y GNL, desde la oposición proponen una alternativa público-privada que garantice que el municipio conserve la propiedad de un porcentaje de las tierras. La decisión final quedará ahora sujeta a las respuestas operativas del Gobierno provincial.