Fraude al Estado en Río Negro: inician imputaciones por certificados falsos
Río Negro formaliza la primera audiencia contra involucrados en el fraude con certificados médicos truchos que afectó las arcas estatales.
El Gobierno de Río Negro avanza en la megacausa judicial por la emisión y uso masivo de certificados médicos falsos destinados a justificar licencias laborales irregulares en la administración pública. La investigación, iniciada en mayo de 2024 tras la denuncia formal del gobernador Alberto Weretilneck y la Fiscalía de Estado, involucra a más de 100 empleados públicos, efectivos policiales y profesionales de la salud.
Este viernes se llevará a cabo la primera audiencia efectiva de formulación de cargos en Viedma. La jornada judicial está prevista para iniciar después de las 8 de la mañana y se extenderá hasta pasadas las 10, instancia en la que se acusará a la médica señalada por expedir la documentación trucha, al facilitador de las gestiones y a un primer grupo de cuatro agentes estatales integrados por un penitenciario, una docente y dos policías. Los fiscales a cargo del caso son Francisco Marano y Juan Pedro Peralta, mientras que la provincia interviene como querellante a través del abogado Federico Rosbaco.
La instancia actual retoma el proceso suspendido el pasado 4 de junio por el juez de Garantías Adrián Dvorzak, quien reprogramó las citaciones debido a la imposibilidad operativa de juzgar en un solo acto a los 119 imputados. Para garantizar el desarrollo del debate, la Justicia dispuso fragmentar las imputaciones en diferentes audiencias sucesivas.
"La hipótesis fiscal apunta a una maniobra que habría permitido a trabajadores estatales justificar sus ausencias mediante certificados que consignaban enfermedades inexistentes."
La causa investiga los delitos de falsificación de documento público, uso de documentación falsa y fraude a la administración pública. Según la hipótesis de la fiscalía, la red operaba mediante la venta de licencias irregulares firmadas por la profesional de la salud de General Roca, provocando un perjuicio económico directo al Estado provincial por el cobro indebido de haberes. De forma paralela, la Secretaría de la Función Pública reforzó las auditorías internas de ausentismo para detectar nuevos patrones anómalos.
Adminn25
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