(Por Rodrigo Vicente*).- La reciente investigación sobre una presunta maniobra de lavado de dinero por miles de millones de pesos que involucra a una funcionaria judicial que habría utilizado datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no puede seguir postergándose: ¿quién tiene nuestros datos biométricos, para qué los utiliza, quién controla a quienes los administran?

Una contraseña se puede cambiar. Una tarjeta se puede bloquear. Un número de identificación puede ser reemplazado. Pero nuestro rostro, nuestras huellas digitales o nuestro iris nos acompañan toda la vida. Por eso, entregar un dato biométrico nunca puede ser considerado un trámite menor.

La tecnología es una herramienta para mejorar la vida de las personas y modernizar el funcionamiento del Estado. Pero cuando se utiliza sin límites claros, sin controles efectivos y sin garantías suficientes, también puede convertirse en una herramienta de vigilancia, seguimiento, discriminación, fraude o suplantación de identidad. El problema no es solamente lo que se hace hoy con esos datos: el verdadero interrogante es qué podría hacerse mañana con una base de datos biométricos que caiga en manos equivocadas.

El caso que hoy conocemos debe servirnos como una señal de alarma. Tenemos que discutir seriamente hasta dónde resulta razonable exigir información biométrica para actividades cotidianas. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas utilizados para controlar el ingreso y egreso de trabajadores: ¿Es realmente necesario entregar una huella, el rostro u otro dato biométrico cuando existen tarjetas, códigos personales, credenciales y numerosas tecnologías menos invasivas capaces de cumplir la misma función? No todo lo que tecnológicamente se puede hacer necesariamente se debe hacer.

Nosotros creemos en un Estado presente y, asimismo, que la modernización debe estar siempre acompañada del cumplimiento de derechos. El Estado tiene la responsabilidad de incorporar tecnología, pero fundamentalmente la obligación de proteger a las personas frente al uso abusivo de esa tecnología.

Necesitamos reglas claras. Saber quién recopila datos, dónde se almacenan, durante cuánto tiempo, quién puede acceder a ellos, para qué pueden utilizarse y qué ocurre cuando dejan de ser necesarios.

Necesitamos también discutir algo todavía más importante: la soberanía sobre nuestros datos.

Los datos personales de los argentinos no pueden transformarse en una mercancía ni quedar sujetos a intereses económicos, comerciales o de cualquier otra naturaleza sin un control público efectivo. La identidad de una persona le pertenece a esa persona.

Por eso debemos avanzar hacia una legislación y mecanismos de control mucho más rigurosos, particularmente cuando hablamos de información biométrica. Y cuando exista una alternativa razonable que permita alcanzar el mismo objetivo sin recopilar esos datos, debe priorizarse la alternativa menos invasiva. No se trata de estar en contra de la tecnología. Se trata de decidir al servicio de quién está la tecnología.

Queremos innovación, con derechos. Modernización, con controles. Seguridad, con privacidad. Proteger nuestros datos personales es proteger nuestra libertad.

*Secretario General de ATE Río Negro y Secretario General la CTA Autónoma en Río Negro.