El fuero Civil de Choele Choel condenó de manera solidaria a Banco Santander Argentina, Creditia S.A. y Gestión Legal S.A. a indemnizar a los herederos de un exempleado ferroviario. La sentencia determinó que la entidad financiera y las gestoras de cobro incurrieron en severos incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, tras exigirle el pago de un préstamo personal que el usuario ya había abonado en tres oportunidades distintas.

El conflicto comenzó cuando el damnificado destinó el dinero de su indemnización laboral a la cancelación anticipada total del crédito, obteniendo el comprobante oficial del banco. Nueve años después, comenzó a recibir sistemáticos reclamos e intimidaciones de remate por parte de fideicomisos y empresas de cobranza. Ante el temor de perder sus bienes, la víctima cedió y abonó la supuesta deuda dos veces más, sin lograr que le entregaran el correspondiente libre deuda.

"El hostigamiento en el cobro de la deuda, las intimaciones y las amenazas fueron acreditadas con capturas de pantalla de llamados, mensajes de texto y correos electrónicos a toda hora, todos los días de la semana."

Durante el proceso judicial, en el cual continuaron sus herederos tras el fallecimiento del demandante, se probaron 31 correos electrónicos dirigidos a su abogada, además de llamadas incesantes de líneas rotativas. La jueza de la causa encuadró el accionar como una violación flagrante al trato digno y al deber de información regulados en el Código Civil y Comercial.

En la sentencia, el juzgado aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, al constatar que ni el Banco Santander ni las firmas liquidadoras aportaron pruebas suficientes para desmentir la validez del primer ticket de cancelación. Por el contrario, se acreditó el daño moral derivado de las conductas intimidatorias, fijando una reparación económica y la imposición de daño punitivo para sancionar la conducta de las tres empresas involucradas.