Lo que comenzó como una molestia por un perro que deambulaba suelto por el barrio terminó en una audiencia judicial con denuncias cruzadas de amenazas, hostigamiento y una advertencia escalofriante: el dueño del animal aseguró que el vecino amenazó con matar a la mascota delante de toda su familia. El caso, que refleja las tensiones cotidianas de la convivencia vecinal, fue resuelto en el Juzgado de Paz de Sierra Grande con un fallo que apunta a descomprimir el enfrentamiento y poner el foco en la tenencia responsable.

El conflicto se originó cuando un vecino expresó su preocupación porque el perro permanecía suelto de manera habitual en la vía pública. Según su relato, intentó en varias ocasiones dialogar con los propietarios para encontrar una solución, pero la falta de acuerdo derivó en discusiones cada vez más acaloradas. Ante la imposibilidad de resolverlo por sí mismo, el denunciante recurrió a la justicia y presentó una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro, en la que detalló actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados directamente con la situación de la mascota.

En la audiencia celebrada ante la jueza de Paz, la pareja del denunciado asumió la representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba, un mecanismo legal que permite detener el avance de la causa si se cumplen ciertas condiciones. Allí, la defensa negó rotundamente los hechos imputados y, por el contrario, planteó una versión inversa: afirmó que el vecino denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia, un episodio que, de ser cierto, agravaría la tensión. Además, argumentaron que el animal siempre había estado suelto sin haber atacado a nadie y que la Secretaría de Zoonosis municipal ya había tomado intervención con anterioridad para notificar sobre las pautas de tenencia responsable.

La magistrada, al analizar el expediente, advirtió que más allá de las versiones contrapuestas, lo que subyace es un conflicto vecinal que había trascendido el mero desacuerdo y se había instalado en el terreno de la confrontación verbal, con riesgo de escalar aún más. Por eso, y con el objetivo de restaurar la convivencia, la jueza decidió hacer lugar al pedido de suspensión del proceso a prueba por un plazo de seis meses.

Como condición para esa suspensión, impuso un estricto conjunto de reglas de conducta que deberá cumplir la persona beneficiaria. En primer lugar, se le ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación, amenaza o agresión verbal contra el denunciante. Además, se estableció que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota deberá canalizarse exclusivamente por las vías legales, evitando todo tipo de confrontación directa entre las partes.

Pero el fallo no se quedó solo en la esfera judicial. La jueza dispuso también la intervención de la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande, a la que encomendó el control del cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales. Ese organismo deberá adoptar las medidas preventivas que estime pertinentes y mantener informado al Juzgado sobre cualquier actuación relevante que pueda prevenir nuevos conflictos. Asimismo, se notificó a la Comisaría 13 para que reporte únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas fijadas.

El caso pone de relieve una problemática recurrente en muchas localidades: la tenencia irresponsable de mascotas y la falta de canales adecuados para resolver diferencias entre vecinos. La decisión judicial, en este sentido, busca no solo sancionar, sino también educar y prevenir, dando un rol activo a los organismos municipales y estableciendo un perímetro de convivencia que ambos vecinos deberán respetar so pena de reactivar el proceso contravencional.

Por ahora, la causa quedó en suspenso. El perro, que fue el detonante del conflicto, sigue en poder de su familia, pero bajo la lupa de Zoonosis. Y los vecinos, al menos por seis meses, tendrán que aprender a convivir sin amenazas ni hostigamientos, con la esperanza de que el diálogo y el cumplimiento de la ley reemplacen al enfrentamiento.