El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres personas en el marco de una investigación por la presunta utilización de recibos de sueldo falsos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para gestionar créditos ante una entidad financiera. La acusación, presentada por el fiscal Francisco Marano, comprende tres episodios distintos ocurridos durante el mismo mes, dos de ellos protagonizados por una pareja.

Tres episodios con un mismo modus operandi

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal describió tres hechos que, según su hipótesis, guardan relación entre sí. El primero ocurrió el 11 de abril de 2025, cuando uno de los hombres imputados habría tramitado un préstamo presentando un recibo de sueldo apócrifo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, obteniendo así dos millones de pesos que fueron depositados en una cuenta virtual a su nombre.

Un segundo hecho se imputó a la pareja de este hombre. El 30 de abril, la mujer habría recibido en su cuenta bancaria la misma suma de dinero como resultado de un crédito que habría gestionado su marido, utilizando el mismo certificado falso. Por estos hechos, al hombre se le endilgó la autoría del primer delito y la coautoría del segundo, junto con la mujer, por los delitos de uso de documento público falso y estafa.

Detección a tiempo evitó un tercer crédito

El tercer imputado también habría presentado durante el mismo mes y ante la misma entidad financiera el mismo recibo de sueldo. Sin embargo, en este caso la situación fue detectada y funcionarios del Ministerio provincial efectuaron la denuncia penal. Por ello, a este hombre se le atribuyeron los mismos delitos pero en grado de tentativa, ya que la detección previa impidió que el hecho se consumara.

Pruebas y defensa

Como sustento de la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal mencionó contar con la denuncia realizada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, actas de allanamiento y secuestro de teléfonos celulares, informes del Gabinete de Criminalística y extracciones forenses realizadas por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), además de respuestas de entidades bancarias y plataformas digitales.

También se incorporaron declaraciones testimoniales de representantes de la firma comercial vinculada con la operatoria de los préstamos, de la persona que intervino en la gestión administrativa de las solicitudes y de otro testigo, junto con la documentación aportada por la entidad financiera sobre las constancias presentadas.

El abogado de los imputados adelantó que se trabaja en una salida alternativa y en esta instancia no manifestó oposición a la formulación de cargos. El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.