La ley que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de luz, gas y agua para sectores vulnerables en Río Negro entró en vigencia, pero ya enfrenta su primer escollo. La empresa Camuzzi, principal distribuidora de gas natural en la provincia, rechazó formalmente adecuarse a la normativa al considerar que “una ley de índole provincial no tiene competencia alguna con un servicio público federal”.

La Ley 5860, aprobada en junio por la Legislatura rionegrina con el impulso del bloque Vamos con Todos y el rechazo de Cambia Río Negro, faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria como autoridad de aplicación. La norma establece que las empresas prestadoras deben ofrecer formularios de inscripción a los usuarios que acrediten vulnerabilidad económica y requieran la suspensión del corte, además de garantizar el acceso a un plan de pagos. En su artículo 9, prevé multas de 50.000 pesos diarios para las compañías que “nieguen el beneficio”.

El argumento federal de Camuzzi

Desde Camuzzi, que tiene unos 243.000 usuarios en Río Negro, puntualizaron que su servicio está “concesionado por el Estado argentino” y que, por lo tanto, “ninguna provincia tiene potestad ni está facultada para poder dictaminar en materia de cobrabilidad, cuadro tarifario, ni ninguna otra característica que tiene que ver con nuestro servicio”. La empresa indicó que ya respondió formalmente a la Provincia en esos términos y señaló que existen fallos con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que avalan su postura.

La compañía sostiene que trabaja de manera particular con los usuarios que requieran facilidades de pago, pero por fuera del alcance de esta ley. Según datos de la propia empresa, actualmente solo tiene 95 planes de pago vigentes con usuarios que lo solicitaron, con una deuda total de 28 millones de pesos que mayoritariamente ya está saldada. Además, afirmaron que el nivel de “incobrabilidad” en la provincia es del 0,15%, por lo que no observan una problemática acuciante.

El caso testigo en Cinco Saltos

La negativa de Camuzzi fue expuesta esta semana por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien denunció el caso puntual de una usuaria de la localidad de Cinco Saltos que habría sufrido la interrupción del suministro. Odarda reclamó que la empresa sea intimada a cumplir la ley y que se le apliquen las multas diarias mientras mantenga su postura.

¿Puede la Provincia aplicar sanciones?

El debate abre una discusión de fondo sobre el alcance de las facultades provinciales en materia de protección de usuarios de servicios públicos concesionados por la Nación. Fuentes vinculadas al tema señalaron que existen antecedentes judiciales sobre conflictos de competencia entre provincias y organismos nacionales en servicios regulados por el Estado federal.

Según pudo saber este diario, el organismo rionegrino no tendría poder de policía para sancionar a la empresa, y hay antecedentes en la Corte Suprema sobre litigios similares que desalientan la acción. Sin embargo, como la Provincia tiene aprobada la ley, Defensa del Consumidor estaría “obligada” a multar, aunque después la sanción pueda caer en instancia judicial.

Este diario intentó conocer la postura oficial de la Provincia, pero al momento de publicar esta nota no hubo respuesta. En el sitio web de Defensa del Consumidor de Río Negro se habilitó un link de reclamo para los usuarios que no puedan acceder al beneficio.

Un conflicto que podría terminar en la Justicia

La controversia podría trasladarse al ámbito judicial si se aplican multas o medidas administrativas derivadas de la ley provincial. Mientras tanto, la normativa continúa vigente en Río Negro y los organismos provinciales mantienen la responsabilidad de recibir denuncias y tramitar los reclamos de los usuarios que consideren vulnerados sus derechos.

La ley alcanzaría a los servicios de agua (administrado por el Estado a través de ARSA) y luz, que sí son concesiones provinciales. Pero en el caso del gas, la pulseada entre la Provincia y la Nación recién comienza.