En un fallo que refuerza la protección de los derechos de la infancia, un Tribunal Unipersonal de General Roca declaró penalmente responsable a una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes (CAINA) de la ciudad. La decisión se tomó en concordancia con la solicitud del Ministerio Público Fiscal, luego de que se probara en juicio que la imputada amenazó a ocho menores que se encontraban institucionalizados.

Con esta sentencia, quedan cerradas las responsabilidades penales para las dos personas señaladas por la investigación fiscal. En noviembre del año pasado, el otro imputado, quien también era auxiliar en el centro, había reconocido ser coautor de los hechos de amenazas y de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real. Actualmente, se encuentra cumpliendo una condena en prisión.

Los hechos y la acusación

Durante los alegatos del juicio, el fiscal del caso, Marcelo Ramos, y la defensora de menores, Estela Aroca Álvarez, quien representó a los niños víctimas, solicitaron al Tribunal que declare a la mujer responsable penal del delito de “amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora”.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Durante ese período, el hombre y la mujer, ambos en su rol de auxiliares asistenciales en uno de los CAINA de General Roca, habrían maltratado a ocho niños y niñas. La investigación determinó que los adultos utilizaban amenazas para silenciar a los menores y evitar que relataran los maltratos que sufrían, vulnerando así lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Postura de la defensa

Durante el debate, la defensa particular de la imputada sostuvo que los hechos denunciados no constituían delitos penales, sino que, en todo caso, se trataban de faltas de orden administrativo. Sin embargo, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran contundentes para acreditar la responsabilidad penal de la mujer.

Próximos pasos

La Oficina Judicial ya fijó la audiencia de cesura de pena para el próximo 31 de agosto. En esa instancia, se determinará la condena definitiva que deberá cumplir la ahora responsable penal, quien permanece sujeta a las medidas cautelares dispuestas durante el proceso.

El fallo representa un avance significativo en la investigación de delitos cometidos contra la niñez en ámbitos de cuidado institucional, y envía un contundente mensaje sobre la intolerancia hacia cualquier forma de maltrato o abuso contra los menores.